Despilfarro español en infraestructuras. Diario El País

¿Ha despilfarrado España en obras públicas? Según los geógrafos, 26.240 millones solo en el AVE

Un informe de este colectivo sobre las dos últimas décadas considera excesivas inversiones en ferrocarriles, aeropuertos, carreteras y desaladoras

 

Ramón Muñoz                                 

Madrid 19 JUN 2018 - 10:18 CEST Las líneas de alta velocidad (AVE) han supuesto un despilfarro o asignación inadecuada de dinero público de 26.240 millones de euros en las dos últimas décadas (1995-2016). Suponen más de la mitad de los 42.000 millones invertidos en este proyecto ferroviario en el citado periodo. Esa es una de las conclusiones del informe Aproximación a la geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas, publicado en el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, y que ha sido realizado por las universidades de Barcelona, Girona, Valencia, Cantabria, Complutense de Madrid, Tenerife, Sevilla, Málaga y Alicante.

El informe calcula que en las dos últimas décadas las administraciones públicas han comprometido más de 81.000 millones de euros en “infraestructuras innecesarias, abandonadas, infrautilizadas o mal programadas”, una cantidad que puede superar los 97.000 millones en un futuro próximo si se suman las obligaciones ya adquiridas.

Los autores del trabajo precisan que, a su juicio, hay cuatro formas de despilfarro: corrupción, obras infrautilizadas, proyectos inútiles y priorización inadecuada de inversiones.

El estudio considera que en el periodo 1985-1995 se “dilapidó” el equivalente al 5% del producto interior bruto (PIB) español, mientras que en el periodo del boom económico o década dorada (1996-2007) esta cifra se disparó hasta el 20% del PIB y desde el inicio de la crisis económica hasta ahora, en torno al 3% del PIB.
De ese dinero que consideran malgastado, más de una tercera parte corresponde al AVE, en proyectos acometidos, “más allá de los casos de corrupción desvelados o desconocidos”, que no responden a los criterios de rentabilidad social exigibles, entre los que enumeran “demasiadas estaciones millonarias, líneas cerradas, tramos abandonados a mitad, líneas innecesarias, sobrecostes”. Y añade el trabajo: “Todo ello sin haber realizado un correcto análisis coste/beneficio y, a menudo, con estimaciones de usuarios o ingresos influidas por una coyuntura de euforia económica tan evidente como efímera”.

Ciudad de las Artes de Valencia.

Entre los sobrecostes del AVE el estudio destaca las líneas Madrid-Barcelona-frontera francesa (accesos a Barcelona y por la estación de la Sagrera y túnel del Pertús), con 8.966 millones de euros, y la variante de Pajares, con una inversión malgastada de 3.500 millones de euros.



Tras el AVE, el informe encuentra despilfarros en aeropuertos y puertos que totalizan 9.512 millones de euros. El boletín de AGE recuerda que con “una simple lectura” de la información oficial de AENA sobre número de pasajeros en 2017 es suficiente para concluir que al menos la tercera parte del total de aeropuertos de su competencia son prescindibles. Y a ellos hay que sumar la relación de aeródromos impulsados por distintas comunidades autónomas, “sin más criterio que la supuesta rentabilidad electoral, ahora cerrados, fallidos, sin pasajeros o con un número tan reducido que seguirán siendo deficitarios durante décadas”. En puertos, la mayor inversión pública fallida según este estudio es el puerto exterior de A Coruña.

Las desaladoras han supuesto 2.339 millones en sobrecostes, ineficiencias o gestión fraudulenta

En materia de carreteras, los sobrecostes ascienden a 5.952 millones de euros, siempre según los geógrafos, de los que casi 5.000 millones corresponden a las nueve autopistas de peaje construidas a partir de 2000, entre ellas las radiales de Madrid, que han tenido que ser rescatadas por el Estado por su falta de rentabilidad.



Las desaladoras merecen un capítulo aparte, con sobrecostes, ineficiencias o gestión fraudulenta por valor de 2.339 millones de euros, en plantas como Torrevieja (290 millones), Alicante (77,8 millones), Oropesa (55,4 millones) o Moncofar (49,1 millones).
El trabajo dedica una mención especial al almacén de gas Castor, “un ejemplo claro de socialización de pérdidas de un proyecto fracasado, en el que la empresa concesionaria recuperó todo el dinero invertido y la administración pública se eximió de toda responsabilidad”. Por el momento se han dilapidado 1.760 millones de euros, pero la cifra en el tiempo puede alcanzar los 3.700 millones.
En total, los geógrafos creen que la Administración central ha realizado en dos décadas inversiones innecesarias y sobrecostes en infraestructuras (ferrocarriles, autopistas y autovías, puertos y aeropuertos, desaladoras y otros) por 45.920 millones de euros. Por su parte, las comunidades autónomas y los ayuntamientos han despilfarrado 34.600 millones de euros en obras innecesarias como centros educativos, hospitales, equipamientos culturales o científicos, parques y ciudades temáticas o grandes eventos.
Cataluña (9.160 millones) y Madrid (7.723 millones) encabezan la lista que han elaborado, seguidas de Valencia (5.936 millones), Aragón (2.978 millones), Andalucía (2.657), Asturias (2.380) y Castilla la Mancha (1.530). Entre los proyectos innecesarios están líneas de tranvía insostenibles (Parla, Jaén, Vélez-Málaga, bahía de Cádiz), proyectos singulares (Ciudad del Medio Ambiente de Soria, Ciudad de la Luz de Alicante, Ciudad de la Justicia de Madrid, Ciudad del Circo de Alcorcón); y palacios de exposiciones y parques temáticos (Ciudad de las Artes y las Ciencias, la Marina de Valencia o Terra Mítica).