El wolframio o tungsteno es uno de los materiales que mejor aguantan el calor. Tiene el punto de fusión más alto de los metales: 3.400ºC. Además, es durísimo: solo el diamante es más duro. Durante la Segunda Guerra Mundial, en España se libró una gran batalla -económica, política y diplomática- en torno al wolframio, escaso en el planeta pero presente en la Península. La Alemania nazi trataba de asegurar el suministro de este material, con el que reforzaba sus proyectiles antitanque, mientras los aliados intentaban impedirlo por todos los medios.
Uno de los principales núcleos de producción estaba en la zona de Barruecopardo, en la provincia de Salamanca, que vivió entonces “unos años de alta fiebre económica”. Mientras en la ciudad de Salamanca mercadeaban productores y compradores, aliados o del Eje, “las pequeñas, humildes tabernas de Barruecopardo, tuvieron apenas unos meses el ambiente animado del ‘saloom’ de películas del Oeste”, escribió el periodista Enrique de Sena. “En pajares, corrales, tenadas surgieron algunos bares. Despacharon mucha cerveza, infinidad de latas de anchoas y mejillones y los primeros ‘platos combinados’ que se conocieron en las tierras salmantinas como ‘refrigerio’ de urgencia, botellas de güisqui. Corría el dinero, se jugaba a los naipes, se fumaba ‘americano’ y los magnates tenían en algunas casas alquiladas sus oficinas de contabilidad. Tantos kilos compro, tantos kilos pago”.
1 y 2- Estado actual de la mina, llena de agua por la lluvia y las filtraciones (ALEJANDRO RUESGA)
La fiebre pasó, pero una de aquellas explotaciones aguantó abierta hasta principios de los años ochenta. “Se marchó mucha gente. Había que marcharse, aquí no había vida. Algunos para Bilbao, otros para Madrid, Barcelona… Los que se quedaron se dedicaron al ganado, con ovejas, vacas, y, bueno, han tirado para adelante”. Rafael Patino (77 años) ha dado muchas vueltas en su vida, que le han llevado a Bilbao, a Francia, pero nunca se desvinculó de su pueblo, de la mina donde se crio: su padre trabajaba allí y él empezó a hacer lo mismo a los 14 años.
Junto a las ruinas de las casas que hace muchos años alojaron a los mineros, Patino va contando, a veces de forma desordenada, como suelen llegar los recuerdos, la historia del wolframio en Barruecopardo: cuando la empresa repartía un terreno a cada familia para que lo explotase, “a pico y pala”, y luego les pagaban cada cargamento al peso; cuando llegaron las grúas y la locomotora de gasoil que él manejaba con 16 años; cuando se llenaban todas las casas del pueblo “y hasta los corrales” para que durmieran los trabajadores que llegaban en burro o en bicicleta de los municipios de los alrededores; de los molinos y la machacadora gigante que la empresa le compró a Iberdrola “cuando hizo la presa de Saucelle [a siete kilómetros al sur de Barruecopardo] en los años cincuenta”.
Una historia que duró casi 80 años y que ahora vuelve a empezar. La mina se reabrirá en los próximos meses de la mano de la empresa Saloro, filial de la irlandesa Ormonde Mining. El proyecto ya tiene permisos para sacar de allí a partir del año que viene, calculan, unas 16.500 toneladas de mineral que tardarán en extraer nueve años.
Porque el wolframio vuelve a ser estratégico, al menos en el Viejo Continente. Al menos, eso dice la Comisión Europea, que ha incluido este metal en el listado de materias primas críticas, esto es, aquellas con una alta importancia económica para la UE y, a la vez, alto riesgo de falta de suministro. El wolframio se utiliza hoy en día en la construcción de teléfonos móviles, placas de circuitos, instrumental odontológico, fuentes de luz, maquinaria pesada, plantas de producción de energía, coches, aviones y trenes…
Como ocurría a primeros de los años cuarenta, el juego de la geopolítica y de los intereses económicos encontrados mueve todo el asunto, aunque esta vez, por suerte, la contienda es política y legal, con la Organización Mundial del Comercio (OMC) como árbitro. De un lado, están la Unión Europea, Estados Unidos y Japón; del otro China, país del que procede aproximadamente el 85% del tungsteno que se produce en todo el mundo. En 2010, el país asiático impuso restricciones al comercio de este mineral. La UE, EEUU y Japón denunciaron ante la Organización Mundial del Comercio, que les dio la razón en dos ocasiones. Por fin, China ha retirado a principios de 2015 las cuotas. Pero a las potencias occidentales no se les ha quitado el susto de encima.
El mismo camino han seguido desde 2010 las exportaciones chinas de molibdeno (mineral utilizado en la industria metalúrgica para hacer aleaciones más fuertes y resistentes al calor) y las tierras raras, nombre bajo el que se agrupan 17 elementos químicos metálicos usados en la elaboración de productos de alta tecnología como ordenadores, cámaras, televisiones… Por ejemplo, los imanes que hacen vibrar los altavoces que producen el sonido de un iPhone se fabrican con uno de esos 17 elementos.
Las tierras raras y el wolframio están dentro del listado de materias primas críticas de la UE, junto otras 18 como el cromo (utilizado para aleaciones de acero inoxidable y pintura), el cobalto (utilizado en la industria, pero también fabricar la mayor parte de las prótesis ortopédicas junto al titanio y al acero inoxidable) o el grafito (el clásico elemento de los lapiceros, también de las baterías de los coches eléctricos, por ejemplo).
Ineficientes, insostenibles y enemigas de la diferencia cultural. El porvenir de la humanidad pasa por corregir la deriva expansiva de las grandes concentraciones urbanas
Panorámica de París realizada por el astronauta alemán Alexander Gerst desde la Estación Espacial Internacional. / Getty
Desde mediados de los años ochenta del pasado siglo XX sabemos que estamos consumiendo más que lo que el planeta es capaz de darnos. También que cerca de un 54% de los habitantes de la Tierra vivimos en ciudades. Y resulta que éstas, a pesar de ocupar alrededor del 3% de la superficie del planeta, consumen las dos terceras partes de la energía y emiten el 80% de CO2, que es uno de los gases responsables del cambio climático. Por tanto, la estructura, funcionamiento y organización de las ciudades es determinante si queremos resolver el problema básico al que se enfrenta el siglo XXI: haber sobrepasado la biocapacidad del planeta.
La ciudad actual es resultado del intento de mejorar la salud pública y reducir las desigualdades de la Revolución Industrial. Se hizo aumentando el consumo del planeta, cosa que no importaba excesivamente ya que, como se ha dicho, hasta los años ochenta del pasado siglo era posible hacerlo. Pero hoy las ciudades han tomado una dirección basada en la ineficiencia y el despilfarro incompatibles con los límites planetarios.
La situación se puede entender bastante bien tomando el ejemplo del transporte. Espárragos que se producen en Perú, se comercializan en Los Arcos (Navarra) y se venden a ciudadanos de Sevilla. Por supuesto consumiendo energía y suelo. España importa piedra de China, Brasil o India. ¿Estamos tan locos que hacemos recorrer miles de kilómetros a un material tan pesado y que tenemos al lado de casa para construir viviendas? Lo mismo se puede aplicar al combustible que traemos en barcos o al agua que trasvasamos produciendo problemas ecológicos graves. O incluso a las personas. Siento hablar de la insostenibilidad del turismo, principal industria española, pero el año pasado nos visitaron 65 millones de extranjeros, en un país de menos de 47 millones de habitantes, con el coste ecológico y ambiental que suponen todos estos desplazamientos.
Pero esta vocación expansiva de las ciudades también se refleja en su organización física. Hasta mediados de los años cincuenta las ciudades crecían de forma más o menos radioconcéntrica, apoyadas en las vías de comunicación y con densidades razonablemente altas. A partir de ese momento, y debido a la popularización de los coches, la ciudad empezó a crecer de otra manera: colocando trozos urbanizados, normalmente de baja densidad, a mayor o menor distancia de la ciudad continua, con carreteras de unión entre todas las piezas. Fue así como se cambió el concepto de distancia en kilómetros por el de distancia en minutos. Con la ventaja para el urbanizador de que el terreno era mucho más barato. Además, el urbanita vivía en un entorno “campestre”. Así se creó una ciudad de trozos urbanizados separados por áreas de “campo” que quedaba a la espera de no se sabe qué. Trozos destinados a vivienda protegida, a urbanizaciones de lujo, a grandes áreas comerciales o a oficinas, que segregaban social y geográficamente a sus habitantes, tal y como se observa en cientos de miles de hectáreas en toda Europa, y no sólo en las grandes ciudades como Madrid (hace muchos años que empezó la fragmentación a lo largo de la carretera de La Coruña), Barcelona, Valencia o Sevilla.
Pero este funcionamiento solo es posible con unos inaceptables consumos de energía y suelo, altísimos costes de transporte, aumentos notables de la contaminación, rotura de los ecosistemas naturales o rebaja en la calidad de vida de los ciudadanos obligados a desplazamientos continuos en coche entre trozo y trozo urbanizado para realizar casi cualquier actividad.
Además, esta extensión de los límites urbanos, y de los ámbitos de intercambio, está trayendo consigo la desaparición de las identidades locales desplazadas por un pensamiento y unas formas únicas comunes, y por el escaso arraigo de estos fragmentos urbanos colocados en medio del campo. No se trata de volver a la autarquía. Hay materiales que sólo se pueden conseguir, o cultivos que sólo se pueden producir, en algunos sitios del planeta. Tampoco hay necesidad de abandonar un lenguaje formal que puede entenderse en cualquier sitio. Ni tan siquiera condenar el turismo: basta con adecuarlo a las nuevas condiciones.
Lo que está resultando crítico es que este pensamiento único traiga consigo la pérdida de las culturas locales, con sus formas propias, con lenguajes relacionados con un contexto específico, adaptadas a un clima, a unos materiales y deudoras de una historia. Surgen así grandes rascacielos, edificios de bloques o adosados, situados en Ciudad del Cabo, Hamburgo, Barcelona, Moscú, Lisboa, Madrid o Atenas, que apenas se diferencian unos de otros. Porque está demostrado que atender prioritariamente a las condiciones relacionadas con el lugar es mucho más eficiente y tiene mayor capacidad de respuesta ante los imprevistos.
Riada de turistas en la calle del Bisbe, junto a la catedral en el barrio Gòtic de Barcelona. / Joan Sanchez
En bastantes centros de investigación urbana en todo el mundo este cambio de la ciudad global hacia la ciudad local se concreta en muchos estudios específicos: agricultura de proximidad, energía distribuida, potenciación de las identidades locales, turismo de cercanía, materiales y formas de construir tradicionales, nueva gobernanza para mejorar el empoderamiento de los ciudadanos, redensificación y multiplicidad de usos en las áreas fragmentadas, sustitución de la infraestructura gris por infraestructura verde, utilización racional de los servicios de los ecosistemas o, incluso, ámbitos de planeamiento que se correspondan con regiones ecológicas. Algunas ciudades incluso han pasado ya de la investigación a la práctica. Son ejemplos españoles los casos de Vitoria-Gasteiz o Santiago de Compostela (exceptuando la Ciudad de la Cultura).
La dispersión de las urbes es uno de los principales problemas. Se avecinan ajustes
La ciudad del futuro nunca será como la del pasado. La razón principal es que la población mundial en 1800 era de 1.000 millones de personas y actualmente hay que alojar a 7.000 millones. No se trata de olvidar que todos somos habitantes del mismo planeta. Ni de renunciar a los avances debidos a un lenguaje formal común o a los adelantos de la técnica. Pero tampoco se pueden destruir las identidades locales, o pasando por alto la ineficiencia y el despilfarro de vivir en unas ciudades no adaptadas a sus territorios. Se avecinan tiempos de ajustes. Ajustes que se producirán, o bien dejando que las cosas se arreglen solas pero con altos costes y sufrimiento para mucha gente, o controlando la situación de forma que se minimicen los daños. Después de la tremenda diástole urbana producida el pasado siglo, se ve venir una sístole, una contracción, un repliegue urbano necesario para que el corazón del planeta siga funcionando. Es imprescindible no cerrar los ojos a lo evidente y tomar el control del camino de vuelta a la ciudad local que necesariamente se tiene que producir. Que ya se está produciendo.
José Fariña Tojo es catedrático de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid.
Emisión de gases industriales en la bahía de Algeciras en 2006. / José Bienvenido
Los compromisos que los países están haciendo públicos de cara a la decisiva cumbre de lucha contra el cambio climático de diciembre en París no son suficientes, alerta la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Sin objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos, el aumento medio de la temperatura será de 2,6 grados centígrados a final de siglo, es decir, por encima del umbral de peligro establecido por los científicos, asegura este organismo.
La AIE ofrece en un informe presentado este lunes en Londres una receta que combina varias medidas con las que se podría evitar esa nefasta consecuencia: eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles --algo que también ha recomendado recientemente la OCDE y a lo que se acaba de comprometer el G-7--, aumentar la inversión en energías renovables y prohibir la construcción de nuevas centrales de carbón (e ir progresivamente cerrando las menos eficientes).
España reduce emisiones, pero menos que la media europea
España redujo un 2,1% las emisiones de CO2 procedentes de la quema de combustibles fósiles en 2014 respecto al año anterior, un descenso muy inferior a la media de los países de la Unión Europea. En el conjunto de la UE las emisiones cayeron un 5%, según un informe publicado este lunes por Eurostat, la oficina estadística comunitaria.
En la mayoría de Estados miembros las emisiones de CO2 cayeron, pero hubo excepciones como Bulgaria (+7,1%), Chipre (+3,5%), Lituania (+2,2%), Finlandia (+0,7%) y Suecia (+0,2%). Eslovaquia, con un descenso del 14,1%, y Dinamarca, con un 10,7%, lideraron las bajadas en las emisiones de CO2, el gas que más contribuye al calentamiento global y que supone aproximadamente el 80% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE.
El gran objetivo de la COP21 consiste en tomar medidas que mantengan el aumento de la temperatura global por debajo de los dos grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales. Y la energía estará en el meollo del debate, recuerda la AIE en el trabajo titulado Energía y cambio climático. No en vano la producción y el uso de energía representan dos tercios de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI).
La AIE propone lo que llama un escenario o estrategia "puente" con la que se pueda alcanzar un punto máximo de las emisiones mundiales relacionadas con la energía en 2020. "Estas medidas", señala el informe, "tienen profundas implicaciones en el mix energético mundial, ya que ponen freno al crecimiento del uso de petróleo y carbón en los próximos cinco años y dan mayor impulso a las energías renovables".
En este escenario puente, el uso de carbón alcanza el máximo en 2020 y luego decrece, mientras que la demanda de petróleo se incrementa hasta 2020 y luego permanece estable. Así, las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía llegan a su máximo entonces, para después ir descendiendo. "Tanto la intensidad energética de la economía mundial como la intensidad en emisiones de CO2 de la generación eléctrica mejoran un 40% para 2030", añade el texto.
La AEI recuerda que los compromisos que salgan de la COP21 deben aportar "recortes drásticos de las emisiones" y "al mismo tiempo, mantener el crecimiento de la economía mundial, impulsar la seguridad energética en el mundo" y proporcionar energía a quien todavía carece de ella. El informe quiere ser un punto de referencia para los países que aún no han presentado sus compromisos.
Generadores de energía eólica en la Calahora (Granada). / m. zarza
La Comisión Europea ha situado este martes a España en el grupo de nueve países que tienen complicado cumplir con la implantación de las energías limpias. Bruselas ha recomendado al Gobierno que evalúe si sus políticas son "son suficientes y eficaces para el cumplimiento de sus objetivos de renovables", que pasan por lograr que el 20% del consumo de energía total proceda en 2020 de fuentes limpias. Las empresas del sector también dudan que España llegue a esa meta y piden revisar al alza las previsiones de desarrollo del Ministerio de Industria.
Diecinueve de los 28 miembros de la Unión Europea están en el buen camino para cumplir con los objetivos de renovables. Pero, según el informe de seguimiento de la Comisión Europea publicado este martes, hay nueve Estados, entre los que está España, que lo tienen complicado. Partiendo de los datos de 2013 y de los diferentes planes nacionales, la Comisión hace una proyección sobre la implantación de las energías limpias en 2020. En España, el objetivo al que se tiene que llegar ese año es a un 20% de cuota de renovables. Pero en el análisis se apunta a que se quedará por debajo. La Agencia Europea del Medio Ambiente, en diciembre de 2014, ya advertía de este problema. Señalaba que existía una “incoherencia” entre los objetivos que se fijaron para España a mediados de la década pasada y la eliminación de primas a las renovables.
Dentro del grupo de posibles incumplidores están Francia, Luxemburgo, Malta, Holanda y Reino Unido. También, Bélgica y España aunque "en menor medida". En un tercer subgrupo están Hungría y Polonia, cuyo cumplimiento está vinculado a "supuestos optimistas relacionados con el desarrollo futuro de la demanda".
Objetivos
Este trabajo de la Comisión forma parte del seguimiento que, cada dos años, se hace de la directiva de 2009 sobre renovables. La meta global para la UE es llegar al 20% de cuota en 2020. Luego, cada Estado tiene su horizonte concreto para contribuir a ese objetivo común. En el caso de España, coincide con el europeo: el 20%.
Soria prevé un superávit eléctrico
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha avanzado que, teniendo en cuenta la evolución de los ingresos y los costes regulados del sistema eléctrico en estos meses, "lo normal" es que en 2015 haya superávit, aunque no ha realizado una previsión de la cuantía.
En una comparecencia ante la prensa tras la última sesión de la Comisión Intergubernamental Mixta Hispana-Rusa de Cooperación Económica e Industrial, el ministro ha explicado que para cuantificar el superávit final de 2015 será necesario esperar a la liquidación definitiva del ejercicio, que se hará en noviembre de 2016.
Soria ha puntualizado que, sea cual sea la cuantía del superávit, se dedicará a reducir el déficit del sistema eléctrico. "Según la ley, cuando haya un superávit no puede ir a disminuir la tarifa mientras en el sistema haya un déficit acumulado desde 2001".
Pese a alertar de los posibles incumplimientos en nueve Estados, el informe señala que la evaluación solo "incluye medidas de política implementadas hasta finales de 2013". La Comisión reconoce que algunos Estados ya "han tomado importantes decisiones sobre apoyo público y reformas, que podrían, si se aplican de manera oportuna", hacer que se cumpla con el objetivo de renovables en 2020. Sería el caso de Francia, que tiene una meta del 23% y acaba de aprobar la llamada Ley de Transición Energética.
Pero las políticas en España no han virado aún desde que en 2012 el Gobierno decretó una moratoria a las renovables. El jueves pasado, con motivo de la junta general de accionistas de Acciona, su presidente, José Manuel Entrecanales, no se paró en barras al pronosticar que será complicado que España alcance el objetivo del 20% con la actual legislación. "Para lograrlo habría que acometer una gran implantación de renovables y eso es improbable", subrayó. Entrecanales, además, calificó de "dramático" el impacto de la reforma energética del Gobierno. En su opinión, se trata de una legislación "muy negativa y sesgada" en un país que "ha sido y sigue siendo una de los líderes mundiales del sector de renovables".
El grupo, que ya es bastante más energético que constructor y de servicios, tiene interés por reiniciar las inversiones en este campo en España tras varios años de parón por la crisis y las medidas gubernamentales. Pero la única posibilidad es el real decreto que prepara Industria y que prevé levantar la moratoria de 2012. En ese documento se establece que saldrán a subasta 700 megavatios (MW), de los que 500 son de eólica y 200 de biomasa.
Para Entrecanales, cuya visión comparte todo el sector de renovables español, la realidad revela que las perspectivas del Gobierno son más que cuestionables porque el proceso de subastas lanzado por el Ejecutivo es "claramente insuficiente" y los escenarios de crecimiento macroeconómico contenidos en la planificación son "claramente inferiores" a las últimas estimaciones del Gobierno. La Planificación Energética 2015-2020, ideada por el Ministerio de Industria, establece un escenario en el que el consumo de energía tendrá un crecimiento medio del 0,9% anual con un aumento del PIB del 2,5%. El sector propone revisar al alza las previsiones.
6.600 megavatios
Según fuentes del sector, para garantizar el cumplimiento del objetivo se debe instalar en el periodo 2015-2020 un total de 6.600 megavatios (MW) de nueva potencia, de los que 4.600 MW serían de eólica y 1.370 MW de fotovoltaica. Además, añaden que en 2014 no se instaló nueva potencia renovable. Al contrario, se redujo un 1,5%, "por lo que el crecimiento anunciado no parece sostenible". Afirman también que la planificación presentada no está aprobada y, sobre los borradores que se conocen —correspondientes a noviembre y mayo de 2014—, se reduce la potencia instalada en renovables en casi 2.000 MW.
A pesar de haber nueve países en riesgo de no cumplir con las metas de 2020, la Comisión ha preferido centrarse este martes en las escalas intermedias. Ha resaltado que "se prevé" que 25 Estados cumplan con "los objetivos a escala nacional fijados para 2013/2014". Solo Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido se quedarán por debajo. En el caso de España, el objetivo para 2013/2014 era llegar al 12,1% de cuota y en 2013 ya era del 15,4%.
A través de la mina de Riotinto, del pueblo y de la comarca, se puede repasar toda la Historia de España. Allí estuvieron los romanos, allí buscó Felipe II (sin éxito) mineral para financiar sus guerras europeas y de allí salieron enormes cantidades de cobre y azufre a finales del siglo XIX y principios del XX para alimentar la segunda revolución industrial en Reino Unido y Estados Unidos. Ahora está localidad onubense se ha colocado a la cabeza del penúltimo intento de una industria, la minera, que se resiste a los augurios que, con el carbón en sus horas más bajas, anuncian su final. En este momento hay seis minas metálicas abiertas y otra veintena de proyectos para sacar cobre, wolframio, zinc, plomo, uranio o tierras raras repartidos por Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia.
La reapertura de la histórica Riotinto avanza imparable. Y, para gozo general de sus vecinos, la empresa EMED Tartessus, filial de una compañía chipriota, espera empezar a producir los primeros concentrados de cobre al final del verano. Igual que allí, detrás de muchos de esos proyectos hay pueblos empeñados en recuperar su forma de vida y la prosperidad económica.
Pero también hay numantinas resistencias. A finales del año pasado, por ejemplo, un fuerte movimiento de protesta consiguió que el Principado de Asturias vetase la apertura de la mina de oro de Salave. Eso mismo intenta conseguir un grupo de vecinos con un proyecto para sacar uranio en Retortillo (Salamanca, 256 habitantes). Jesús Cruz, uno de los impulsores de la protesta, asume que no lo tendrán fácil: el proyecto minero está en mitad del Campo de Yeltes, una comarca remota, despoblada (7,7 habitantes por kilómetro cuadrado) y envejecida (el 43% tiene más de 60 años).
“Ahora el uranio está a 35 dólares la libra, pero tengo claro que si vuelve a estar a más de 100, como estuvo en 2007, esto no lo para nadie”
dice un vecino en el balneario de la localidad.
Abierto en 1905 a orillas del río Yeltes, en el establecimiento ya han notado nítidamente que cada vez que alguien dice en voz alta “mina de uranio” pierden un cliente, así que les espera un futuro más que negro si algún día llega a arrancar la explotación.
Estén en contra o a favor, todos andan pendientes de las Bolsas que marcan los precios de los minerales (sobre todo, la de Londres) y los acontecimientos globales que los condicionan, como la salud económica de China (el mayor consumidor de materias primas) o las luchas por los derechos laborales en países como Perú o Indonesia. La cotización de los metales lleva muchos meses bajo presión, con un dólar fuerte y el precio del petróleo bajo mínimos, aunque el sector augura cierta estabilidad. “Algunos analistas son optimistas y otros no”, dice Christopher Ecclestone, especialista en minería del banco de inversión neoyorkino Hallgarten & Company. “Yo sí lo soy, particularmente en España, porque sus recursos se centran en metales que seguramente suban: zinc, plomo, estaño, tantalio, wolframio…”.
De esos precios dependerá el futuro de los proyectos. Pero también de decisiones políticas, de si las Administraciones españolas (como Andalucía, Extremadura, Castilla y León…) continúan remando a favor, o del empuje de la Comisión Europea con su plan para asegurar el abastecimiento de materias primas para el continente.
Europa necesita materias primas para mantener su industria. Y hoy importa la mayor parte: por ejemplo, el 100% de minerales como el cobalto, más del 80% del platino o la mitad del cobre. Por eso, desde 2008 la Comisión impulsa varios planes. Va renovando un listado de materias primas críticas (aquellas con las que tiene mayor dependencia y son muy importantes económicamente), favoreciendo el intercambio de buenas prácticas y ha puesto en movimiento 700 millones de euros para proyectos de innovación.
El sector minero en Europa, que parecía agotado después de miles de años de extracción, fue decayendo porque, simplemente, dejó de ser competitivo. “Era más barato extraer mineral en otros sitios”, explica Daniel Calleja, director general de Mercado Interior e Industria de la Comisión Europea. Pero las nuevas tecnologías permiten llegar a yacimientos antes descartados que ahora pueden volver a ser rentables. En un mercado tan global como el de los metales, más que la autoproducción lo que se trata de asegurar es la variedad de fuentes; que ningún metal dependa de uno o dos países que puedan controlar su producción.
Además, el momento de debilidad económica impulsa a los Gobiernos europeos a buscar nichos de empleo en todas partes, incluso en aquellas que en el imaginario colectivo parecían ya una cosa del pasado. En España, con una crisis enquistada y una enorme tasa de paro, esa presión es todavía mayor. En la Cuenca Minera de Huelva, con Riotinto en el centro, lo difícil es encontrar oposición alguna a la mina, que estuvo abierta durante todo el siglo XX hasta su cierre en 2001, después de varias décadas de declive, por el hundimiento del precio del cobre.
En los siete municipios que componen la comarca, la tasa de paro rozaba el año pasado el 40%. Cuando hace unos meses una empresa de contratación recorrió los pueblos recogiendo currículos para la reapertura de la mina, las colas eran kilométricas, recuerda Manuel García: “Había gente que se ponía a guardar fila de madrugada”. García tiene 54 años, trabajó muchos en empresas que prestaban sus servicios a la mina y ahora está en el paro. EMED Tartessus, filial de una compañía chipriota, prevé volver a sacar mineral al final del verano, lo que supondrá, calculan, unos 400 empleos directos y 1.200 indirectos.
Desde el nombre (Minas de Riotinto) hasta el último rincón del pueblo, aquí todo tiene que ver con la minería. Siglos y siglos de explotación han creado unos paisajes marcianos, de roca despedazada y colores llamativos. Entre los clientes de cualquier bar, el visitante encontrará con facilidad a numerosos exmineros. “En cueros, en cueros trabajábamos”, exclama en la terraza de una cafetería el octogenario Manuel. Se ha puesto nervioso con las preguntas; de repente, le ha dado un pequeño ataque de temblores que le agarrotan piernas y brazos. El resto de parroquianos le sujetan, le tranquilizan y enseguida se pasa. José Luis Márquez, de 58 años, explica: “Toda la vida en la mina, tragando porquería…”.
La minería da y también quita. Las condiciones de trabajo ya no tienen nada que ver con aquellas que sufrió Manuel: hoy están casi todos los puestos mecanizados, y la mayoría de los mineros trabajan dentro de aparatos y vehículos con aire acondicionado. Pero los temblores de ese hombre recuerdan que el estilo de vida que tanto añoran ha jalonado de grandes puntos negros la historia del lugar.
Ramón Martínez, ingeniero, trabajó en la Mina de Riotinto durante casi tres décadas. Se jubiló en 2003, pero seis años después abandonó su retiro para unirse al proyecto de reapertura. Lo cuenta frente a un gigantesco agujero de 4,5 kilómetros cuadrados –la corta de Cerro Colorado- y mientras señala a la zona de “levante”, por donde pretenden seguir excavando.
El ingeniero va mostrando la planta de procesamiento (“la más grande de España”), donde la actividad es frenética. Decenas de obreros se afanan en limpiar y recuperar los enormes cilindros donde se irá aplastando el mineral. Cuando esté lista, y renovados los equipos de control, el objetivo es producir unas 36.000 toneladas de cobre en concentrado al año.
El paseo termina en la balsa de residuos, que el veterano minero jura y perjura que es sólida y completamente segura. Responde así, con toda rotundidad, a las preocupaciones expresadas por los ecologistas al saber que los despojos que vuelva a producir la mina se seguirán acumulando allí, en un gigantesco contenedor al aire libre. “Generan un riesgo de rotura en cadena que podría suponer brutales impactos aguas abajo en el Río Odiel y en las poblaciones de su orilla, así como en la Ría de Huelva y en los ecosistemas de su desembocadura”, dice Ecologistas en Acción en una nota del pasado mes de octubre.
A pesar de todas las mejoras tecnológicas, la minería causa un impacto evidente e insoslayable en el entorno, sobre todo, con los tajos a cielo abierto, que hoy son mayoría; consisten en excavar todo, el mineral y cualquier cosa que haya alrededor (después ya se separará), dejando al aire un gran agujero. Además, requiere en el proceso grandes cantidades de agua (un recurso escaso) que luego hay que limpiar y tratar correctamente, junto con el resto de residuos, para que no acaben contaminando el entorno. “No está resuelto; las balsas se rompen y se siguen rompiendo en todo el mundo”, asegura Antonio Ramos, de Ecologistas en Acción Andalucía, que cita un accidente el verano pasado en la mina de cobre de Mount Polley, en la Columbia Británica (Canadá), que dejó escapar 4,5 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos.
En España, la imagen de estos peligros es sin duda la de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla. Allí fueron algo más de cinco millones de metros cúbicos de lodos los que se vertieron 1998 tras la rotura de su balsa, provocando graves daños en el entorno del río Guadiamar y de Doñana. La contención y regeneración del desaguisado costó 240 millones de dinero público; la dueña de la mina, la empresa sueca Boliden, que declaró en quiebra su filial española, no ha pagado nada.
Hoy, los vecinos insisten en que aquello fue un accidente que no tiene por qué volver a pasar, pero el proyecto de reapertura no termina de arrancar a pesar de los esfuerzos de la Junta de Andalucía. Además, ahora el proceso está parado por presuntas irregularidades investigadas por la justicia en el concurso de adjudicación de la mina.
“La Administración no tiene personal suficiente para controlar y para hacer cumplir la legislación minera y medioambiental”, se despacha Ramos. “En general, el minero va a sacar el máximo beneficio caiga quien caiga. Vienen, se llevan sus subvenciones europeas y nacionales y procuran ahorrarse el último duro. Y cuando han sacado todo el mineral, se largan, dejando detrás porquería y sueldos de hambre”.
Las cosas siempre se pueden hacer bien, mal o regular”, y hacerlas mejor es más caro, insiste José Antonio Espí, profesor de la Escuela de Minas de la Politécnica de Madrid. Este y otros expertos introducen en el debate la “corresponsabilidad”. Hablan de la contradicción de querer tener más coches, más teléfonos inteligentes, más aire acondicionado y más calefacción, pero rechazando a la vez que los materiales con los que se construye todo eso se saquen cerca de su casa. Puede haber minas en Europa y exigirse que sean lo más respetuosas que sea posible con el entorno, asegura. Aunque eso, claro está, hará productos más caros que si el mineral se extrae sin esas garantías a miles de kilómetros de distancia.
La valoración de pros y contras en torno a la minería se hace realmente difícil, con debates enconados dentro de los que cualquiera se puede marear a base de estudios, estadísticas, dimes y diretes. Debates, por lo demás, desiguales, en los que una parte, la ecologista, se queja de tener enfrente a un sector tan económicamente poderoso como poco transparente. Un sector, en todo caso, que arrastra tras de sí polémicas que en más de una ocasión han acabado en sanciones administrativas y en los tribunales.
Entretanto, la industria, al menos una parte, sigue haciendo esfuerzos y dedicando pingües recursos para mejorar su imagen, para convencer de que la suya no es una industria del pasado. Este periódico ha podido visitar dos minas metálicas en activo (Cobre las Cruces y Aguas Teñidas) y acceder a las instalaciones de varios proyectos gracias a los promotores: EMED Tartessus en el caso de Riotinto; la Junta de Andalucía, en el de Aznalcóllar; Ormonde Mining, en Barruecopardo (Salamanca). Otras, como la de Alquife, en Granada, han dicho que no. A través de unas y otras, con sus singularidades y sus elementos comunes, intentaremos dibujar en esta serie de reportajes el nuevo panorama minero español, con sus complejidades, sus oportunidades y también con sus amenazas.
