La actualidad de la energía nuclear en España. Diario El País

La energía nuclear entra en la ‘crisis de los 40’ antes de tiempo

El Gobierno ha allanado el camino para que las plantas operen más de cuatro décadas. Pero las eléctricas lanzan un pulso: si no bajan los impuestos no es rentable que sigan abiertas

  Manuel Planelles

Madrid 22 ABR 2017 - 20:54 CEST    

Central nuclear de Almaraz, en Cáceres. Bernardo Pérez

El planeta rebasó el jueves la barrera de los 410. El observatorio de Mauna Loa, en Hawai, detectó que la concentración de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera en el hemisferio norte había superado las 410 partes por millón. Antes de la Revolución Industrial —y de que la humanidad empezara a quemar sistemáticamente combustibles fósiles para crecer— la concentración de CO₂ —el principal gas desencadenante del efecto invernadero— estaba en 278 partes por millón. También esta semana la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE UU alertó de que el pasado mes fue el segundo marzo más caluroso desde que hay registros fiables, que datan del siglo XIX.

Esto ya casi ni es noticia, porque el planeta lleva años encadenando récords de concentraciones de gases de efecto invernadero y de calentamiento, algo que la mayoría de científicos ligan. En un momento en el que su credibilidad estaba tocada por el accidente de Fukushima de 2011, la conciencia contra el cambio climático y la necesidad de luchar contra este fenómeno ha dado alas al sector nuclear, que se reivindica como una tecnología que no emite CO₂. Este sector intentó —sin éxito— que en el Acuerdo de París contra el cambio climático, de 2015, se mencionara a la nuclear como una tecnología que ayuda a luchar contra el calentamiento.

Enfrentamiento en Garoña

Iberdrola y Endesa se verán las caras el miércoles en el consejo de Nuclenor, la empresa dueña de Garoña. Iberdrola y Endesa comparten al 50% la propiedad de Nuclenor, pero discrepan sobre los pasos a seguir con la central nuclear burgalesa. Iberdrola, con el argumento principal de la carga impositiva, no ve viable invertir los 200 millones necesarios para reabrirla. Y quiere que Nuclenor desista ya de este proyecto. Endesa, aunque tampoco tiene claro que los números salgan, prefiere esperar a que el Gobierno decida si concede o no la licencia y en qué términos. El consejo del miércoles ha sido forzado por Iberdrola. Ninguna parece dispuesta a ceder.

La situación de cada empresa es distinta: Iberdrola —que encabeza el pulso al Gobierno para que baje los impuestos— está muy centrada en renovables y tiene poca generación con carbón, una tecnología condenada a desaparecer. Endesa está centrada en la nuclear y el carbón. Además, esta compañía contempla en sus cuentas una amortización de las centrales a 50 años. Es decir, da por hecho que superarán los 40, algo a lo que Iberdrola no está dispuesta si no bajan los impuestos.

"Chernóbil convirtió a la socialdemocracia europea en antinuclear; Fukushima a Merkel", resume Francisco Castejón, experto en energía atómica de Ecologistas en Acción, sobre la decisión de Alemania de aplicar un calendario para el cierre de sus centrales, que culminará en 2022. La Comisión Europea, en este apartado, se muestra neutral y deja a cada país que recorra su camino. De hecho, otros, como Reino Unido, apuestan por esta energía y por construir nuevas centrales.

Aunque lo que ocupa el debate ahora —en la UE y en muchos países desarrollados— no es tanto la construcción de nuevas plantas, sino la ampliación de su vida más allá de los 40 años, para los que en un principio fueron diseñadas. Esa barrera de las cuatro décadas solo la han superado el 15% de los reactores del planeta que están en funcionamiento, según los datos de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. España también está inmersa en esa discusión. Y en un tremendo pulso entre las eléctricas y el Gobierno.

España es uno de los 30 países del mundo que emplean la energía nuclear para producir electricidad. Siete de los 441 reactores que en 2016 estaban operativos en el planeta están aquí, repartidos en las cinco centrales existentes. Alrededor del 20% de la electricidad que se consume en el país proviene de la nuclear.

Las centrales españolas están ahora en la treintena, como ocurre con la mayoría de reactores del mundo (el 56%). Pero han entrado antes de tiempo en la crisis de los 40, porque los procesos para renovar las licencias duran varios años.

Uno de los actores principales del sector —Iberdrola— ha lanzado un pulso al Gobierno: si no se reduce la carga fiscal sobre las centrales no es rentable hacer las obras de mejora en estas instalaciones para que funcionen más allá de las cuatro décadas, lo que supondría el apagón nuclear a partir de la próxima década. La semana pasada, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, recogió el testigo de Iberdrola: "No es rentable pensar en inversiones para prolongar la vida de las centrales", dijo. Un mes antes, Juan María Moreno, director del área nuclear de Endesa, abogó por una "reducción de la presión fiscal" en una comisión a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados, según las actas consultadas por EL PAÍS.

Choque político

El Congreso ha sido el escenario de un enfrentamiento a cuenta de la ampliación de las centrales en los últimos años. PSOE y Podemos abogan abiertamente por el cierre cuando cumplan los 40. Ciudadanos no define claramente su postura. Y el PP es claramente favorable a que sobrepasen esa barrera, como argumentó el viernes en un debate celebrado en el Congreso Alberto Herrero, portavoz de los populares de Energía.    

Desde que llegó a La Moncloa en 2011 el PP ha ido allanando el camino normativo para que las nucleares puedan operar más allá de los 40. También se han dado pasos en la misma línea en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que controlan los populares. Este mismo mes el PP ha bloqueado en el Congreso, argumentando que tendría importantes efectos presupuestarios, la tramitación de una proposición de ley de Podemos que abogaba por el cierre de las plantas.

Todo parecía preparado para que las centrales pudieran prolongar la vida más allá de las cuatro décadas. Pero, cuando se acerca el momento en el que las plantas deben solicitar los permisos, el Ejecutivo se ha encontrado con el rechazo —expresado en público— de algunos de sus propietarios.

El sector nuclear es cosa de dos en España. Aunque EDP y Gas Natural tienen participación en algunas centrales, los principales dueños de las plantas son Endesa (que posee el 47% de la potencia instalada) e Iberdrola (43%). Además, la propiedad en la mayoría de las cinco nucleares está compartida, con lo que tienen que entenderse en los consejos de administración.

Todas parecen compartir el objetivo de que el Gobierno les reduzca los impuestos. Pero es Iberdrola la que está encabezando este "pulso", como lo define Juantxo López de Uralde, portavoz de Equo, formación integrada en el grupo parlamentario de Unidos Podemos. La compañía de Ignacio Sánchez Galán ha enviado varios escritos a los consejos de administración de las centrales para que se reúnan para abordar este asunto. En concreto, Iberdrola está impulsando que, desde esos consejos, se pida oficialmente al Ministerio de Energía que modifique el reglamento sobre el procedimiento para solicitar las autorizaciones de operación.

La norma actual establece que, tres años antes de caducar el permiso vigente, cada central debe comenzar el proceso de renovación. Esto supone que entre este 2017 y el próximo 2018 la mayoría de las centrales tendrían que comenzar a pedir las licencias para funcionar en la próxima década. Y, aunque todas están en la treintena, cuando soliciten los nuevos permisos ya sería para superar los 40 años de vida —de hecho, las eléctricas plantean que funcionen hasta los 60—.

En el escrito de Iberdrola se propone reducir ese plazo de tres a un año. "Teniendo en cuenta el actual contexto de explotación, con relevantes pérdidas acumuladas (...) y, en particular, los cambios regulatorios experimentados (que han incrementado notablemente la carga fiscal sobre la generación nuclear) (...) a día de hoy se considera necesario disponer de un mayor plazo", argumenta Iberdrola. También sostiene que así el ministerio tendrá también "más tiempo para abordar la situación de quebranto económico que soporta la generación nuclear". En definitiva, más tiempo para reducir los impuestos, como demanda la compañía eléctrica. "Un operador responsable, atendiendo a sus obligaciones en materia de seguridad nuclear, no podría solicitar una renovación de la autorización de explotación que le abocaría a una obligación de funcionamiento", añade la propuesta de Iberdrola al que ha tenido acceso este diario.

Si el Gobierno no cambia la norma, como reclama Iberdrola, dos de las principales nucleares del país —Almaraz (Cáceres) y Vandellòs (Tarragona)— tendrán que presentar ya sus solicitudes de renovación de la licencia para operar más allá de los 40 años. Almaraz antes del 7 de junio y Vandellòs antes del 21 de julio.

Las eléctricas tienen la vista puesta en los dos impuestos nuevos que el Gobierno creó en 2012, que gravan los residuos radiactivos. Las nucleares ya pagan unas tasas a la empresa pública Enresa, que gestiona sus desechos. Pero estas no son suficientes para cubrir en el futuro los costes de tratar y almacenarlos, según alertaba un informe del Tribunal de Cuentas de 2015. Ese mismo informe cuestionaba los nuevos impuestos que el Ejecutivo puso en marcha en 2012, al considerar que la fórmula elegida era "contradictoria" con un "modelo garantista", ya que, a diferencia de las tasas, no son finalistas y lo recaudado lo puede emplear el Estado para cualquier fin. También critican las compañías los impuestos adicionales que aplican algunas autonomías. "El Gobierno cederá si se mantiene bajo control el déficit de tarifa", vaticina Paco Castejón.

"Carece completamente de sentido ampliar la vida de las centrales"

Jorge Fabra (Madrid, 1949) fue presidente de Red Eléctrica de España. Actualmente, preside Economistas Frente a la Crisis.

Pregunta. ¿Es rentable el negocio nuclear en España?

Respuesta. El negocio nuclear en España, si seguimos la lógica de la regulación del sector, debe generar beneficios muy elevados.

P. ¿Soporta el nuclear una mayor carga impositiva que otros sectores de generación?

R. Soporta unas cargas que no son mayores que otros segmentos eléctricos. Pero no las soporta el sector nuclear, sino los consumidores. Porque el impuesto general sobre la producción que afecta a las centrales que marcan el precio —las de gas— acaba elevando los precios del mercado y, por lo tanto, subiendo la presión fiscal a la que está sometido el sector nuclear como otras tecnologías.

P. ¿El recibo de la luz subiría un 25% si se cerraran las nucleares?

R. No, esto no es cierto. Los consumidores no estamos pagando por las centrales nucleares el coste al que producen. Estamos pagando por la electricidad que producen las nucleares al mismo precio que las de ciclo combinado, que son las que marcan el precio de la electricidad en España. Sería lo mismo que tuviéramos un parque solo por centrales de ciclo combinado; tendríamos el mismo coste los consumidores. Nos cuesta lo mismo la hidroelectricidad, las nucleares, las de carbón y los ciclos combinados. Por el contrario, si la vida útil de las centrales no fuera prolongada sería sustituida con ventaja por las renovables. La fotovoltaica y la eólica han puesto de manifiesto una curva de aprendizaje, de reducción de costes, que hoy las hacen ya competitivas contra las alternativas térmicas.

P. ¿Tiene sentido ampliar la vida útil de las nucleares más allá de los 40 años?

R. Carece completamente de sentido. Ampliar la vida útil de las centrales 20 ó 30 años más implica aumentar de una manera tremenda, más del 50%, los residuos que ya tenemos y con los que estamos teniendo dificultades de gestión. Existen alternativas competitivas, incluso teniendo en cuenta el menor coste de inversión que implicaría la ampliación de la vida útil respecto a la construcción de una nueva. Está habiendo subastas de eólica y fotovoltaica en todo el mundo que se están resolviendo por debajo de los 40 y los 30 euros por megavatio hora. El hueco que podrían dejar las nucleares para la introducción de renovables a una mayor escala es fundamental para la transición energética y para ir hacia un modelo descarbonizado. Además, permitiría introducir elementos de cambio de modelo productivo en la economía española: tejido industrial, tejido empresarial, empleo de calidad. Las nucleares podrían ser sustituidas [con gran ventaja por renovables desde el punto de vista económico y de la calidad de nuestro modelo productivo.

P. ¿Los residuos se tienen en cuenta en el debate nuclear?

R. En la comunidad de expertos sí se tiene en cuenta. Los residuos son algo que está enterrado, que es pasivo, que tiene una cierta invisibilidad frente a la opinión pública. Y no está en el debate público y debería estar presente.

PIB de España por comunidades en 2016. Diario El Confidencial

Baleares y Madrid, las comunidades donde más crece el PIB; La Rioja, a la cola

El PIB per cápita de Madrid es el doble que el de Extremadura: 32.723 euros por persona frente a 16.369. Le sigue de cerca Andalucía, con una renta de 17.651 euros y un 26,4% por debajo de la media

30.03.2017 – 13:14 H.

Baleares fue la comunidad en la que más subió el PIB en 2016, un 3,8%, seis décimas más que la media nacional, mientras que La Rioja fue la autonomía menos dinámica, ya que su tasa de crecimiento se situó en el 1,5%. Según los datos de la Contabilidad Regional de España, publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), por detrás de Baleares estuvieron la Comunidad de Madrid (3,7%) y Canarias y Cataluña (ambas con el 3,5%).

Por encima de la media nacional, del 3,2%, también se colocaron Galicia (3,4%), y la Comunidad Valenciana y Castilla y León, ambas con el 3,3%, el mismo porcentaje que la ciudad autónoma de Ceuta. Las comunidades con menor crecimiento fueron La Rioja (1,5%), Asturias (1,9 %) y Extremadura (2 %). Junto a ellas, por debajo del promedio estatal estan Murcia, Castilla-La Mancha y Melilla, con el 3,1%; Navarra, con el 2,9%; País Vasco y Andalucía, las dos con el 2,8%; Aragón, con el 2,7%, y Cantabria, con el 2,3 %. Todas ellas, excepto La Rioja, superaron el crecimiento medio del PIB de los 28 países de la UE, que el año pasado se cifró en el 1,9%, igual que el de Asturias.

El INE achaca el mayor crecimiento en la tasa de variación del PIB en volumen registrado en Baleares tanto a una evolución de las ramas pertenecientes sector servicios, sensiblemente más favorable que la observada a nivel nacional, como a un mejor comportamiento del sector de la construcción. La menor variación real del PIB en La Rioja estuvo afectada, fundamentalmente, por el descenso en términos de volumen del valor añadido asociado a las ramas de actividad correspondientes a la industria manufacturera.

Así creció el PIB en las comunidades en 2016

Baleares 3,8 %
Madrid 3,7 %
Canarias 3,5 %
Cataluña 3,5 %alicia 3,4%
C.Valenciana 3,3%
Ceuta 3,3%
C. y León 3.3%
España3,3%
Melilla 3,2%
Murcia 3,1%
C-La Mancha 3,1%
Navarra 2,9%
País Vasco 2,8%
Andalucía 2,8%
Aragón 2,7%
Cantabria 2,3%
Extremadura 2%
Asturias 1,9%
La Rioja 1,5%

También informa el INE de los valores del PIB por habitante, un indicador en el que sobresale la Comunidad de Madrid con el mayor registro, de 32.723 euros por persona, un 36,5% superior a la media española, que fue de 23.970 euros. Así, el PIB per cápita de Madrid es prácticamente el doble que el de Extremadura.

País Vasco (31.805 euros), Navarra (29.807 euros), Cataluña (28.590 euros), Aragón (26.328), La Rioja (25.692 euros) y Baleares (24.870 euros) tienen asimismo un PIB per cápita por encima de la media nacional. El resto está por debajo de la media nacional, con Extremadura como la comunidad con el menor PIB por habitante, con 16.369 euros, un 31,7% inferior al promedio nacional, y Andalucía (17.651 euros y un 26,4 por debajo de la media) y la ciudad autónoma de Melilla (17.686 euros y un 26,2% inferior a la media)

El uso del agua en España. Diario El País

Agua para una economía cada vez más sedienta

El cambio climático obliga a replantearse el uso del recurso en una España históricamente seca

Un payés regando un terreno en Viladecavalls (Barcelona). Cristóbal Castro

Thiago Ferrer Morini

2 ABR 2017 - 00:00 CEST

Si el agua es dinero, España nunca ha sido un país rico; es más, es cada vez más pobre, debido al cambio climático. Los datos del Centro de Estudios y de Experimentación en Obras Públicas (CEDEX) estiman una reducción de la capacidad de recarga de los acuíferos españoles (es decir, cuánto la lluvia es capaz de reponer el agua que se retira de ellos) de un 8% hasta 2040 y hasta un 27% hasta 2100. El estrés hídrico (el cociente entre los recursos utilizados y el total disponible a largo plazo) es uno de los mayores de la Unión Europea, solo por detrás de pequeñas naciones insulares como Chipre y Malta.

El problema no solo es medioambiental. España genera la mayor parte de su producto interior bruto en regiones históricamente secas, especialmente en el litoral mediterráneo y las islas. "El crecimiento económico es un negocio sorprendentemente sediento", explicaba un reciente informe del Banco Mundial sobre el futuro de la economía del agua, que estimaba que en determinadas regiones del planeta la falta del líquido sobre la economía puede tener un impacto sobre el crecimiento equivalente a un 6% del PIB. El cambio climático y sus potenciales efectos sobre los ciclos del agua en todo el globo no han hecho sino acelerar esa preocupación.
En 2007, un estudio del Ministerio de Medio Ambiente estimaba que cada metro cúbico de agua que se entregaba a los sectores económicos españoles aportaba 27,50 euros de valor añadido. En 2015, los negocios que más recurren al líquido elemento representaron un 22,7% del PIB y más de un tercio de las exportaciones. En la última Encuesta de Población Activa, uno de cada cinco españoles ocupados lo estaba en un sector intensivo en agua.
Según Carlos Mario Gómez, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) y coautor del estudio de 2007, la propia legislación europea de aguas tuvo que adaptarse a las circunstancias españolas. "Estaba hecha en función de las demandas del norte de Europa, donde los problemas son de calidad", recuerda. "Los problemas de sequía se incluyeron más tarde". Esa legislación, la Directiva Marco del Agua, fue aprobada en 2000 y sus efectos se extenderán alrededor de otros diez años más.

Lo siguiente es saber quién y cómo va a pagar por ello. La directiva ha impulsado un polémico modelo basado en que los usuarios han de cubrir los costes ambientales, de captación y depuración del agua, basado en el principio de "quien contamina paga". El problema en España, según los expertos, es que el país ya tiene las infraestructuras hídricas necesarias para cumplir con muchos de los objetivos de la directiva, pero no lo hace por no cargar a los consumidores con los costes, tal y como obliga Bruselas. "España podría recoger el 99% de las aguas residuales y dar tratamiento al 82%", calcula Gonzalo de la Cámara, coordinador de Economía del Agua de IMDEA y director académico del Foro de la Economía del Agua. "En la práctica, solo se hace con uno de cada tres metros cúbicos. Todo esto ya nos está suponiendo sanciones". En 2015, la Comisión Europea demandó a España por no cumplir la directiva de depuración en siete puntos "sensibles": cinco en Cataluña, uno en Andalucía y otro en Galicia.

La dificultad de definir precios

¿Cuánto cuesta un metro cúbico de agua en España?. La respuesta más obvia sería los 1,89 euros que registra el INE en su última encuesta, pero esa estadística no solo es para usos domésticos, sino que ya registra la espectacular diferencia entre comunidades autónomas: entre los 95 céntimos por mil litros de Castilla y León y los 2,75 euros de Cataluña. Ese dato, además, no registra la colcha de retales del precio del recurso para el regadío, que fluctúa respecto a la cuenca, la época del año y, sobre todo, las formas de venta. Estas fluctuaciones no son sino un reflejo de las diferentes formas de propiedad y organización de la industria del agua en España, que va de grandes multinacionales —tanto españolas (como el Canal de Isabel II en Madrid) como extranjeras— hasta pequeñas mancomunidades de aguas, ayuntamientos y pymes. El sector del agua da trabajo a algo más de 60.000 personas y representa un 0,45% del PIB.

Atrasos considerables

No solo hay atraso en la depuración. "Las desaladoras del Mediterráneo se están utilizando a una capacidad promedio del 17%, suficiente para que la UE pueda pedirnos devolver los fondos usados para construirlas", recuerda De la Cámara. "Lo mismo pasa con el trasvase Tajo-Segura, que opera normalmente al 35% de su capacidad". "Una de nuestras polémicas con Europa es el bajo nivel de recuperación de costes", considera Gómez. "No solo subsidiamos mucho el agua, sino que además no incluimos en la tarifa ni el coste de oportunidad de la escasez ni los costes ambientales. Solo recuperamos los costes pasados, y no tenemos cómo financiar las obras hídricas del futuro".
"Seguimos gestionando el agua como si el futuro fuera previsible", afirma Gómez. "La política está pensada para un tiempo en que se pensaba que una contención podía ser un freno para el desarrollo económico. Y ha tenido tanto éxito que ahora ese cambio de ciclo es institucionalmente muy difícil". "Tenemos montado un modelo de desarrollo muy dependiente de los recursos naturales", considera Eva Hernández, directora del programa de agua de WWF. "Es un modelo de acceso infinito, diseñado pensando que el agua no va a faltar nunca, por lo que es difícil concienciar. Tienen que llegar las situaciones de crisis para que tomemos medidas". Soluciones que suelen tener un gran coste económico y que hasta ahora se han podido financiar con fondos propios o europeos. "Hemos tenido mucha suerte de que lo más agudo de la crisis económica no haya coincidido con una sequía", complementa Gómez.
"Gestionar el agua es gestionar riesgos", considera De la Cámara. "Hay regiones donde se recupera solo un 30% de los costes del agua para la agricultura. Hay que ver cuánto del gasto se le traslada al usuario vía tarifa, cuánto vía impuestos, cuánto al sector privado y cuánto al sector financiero".
Porque hablamos de grandes inversiones. "El coste de la modernización de los regadíos que queda por hacer está entre 6.000 y 12.000 millones de euros", señala Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore). "Hacen falta inversiones muy importantes para ponernos al día en la calidad del agua", apunta De la Cámara. "El Ministerio [de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente] dice que son 2.900 millones". Fernando Argüello, director general del Foro de la Ingeniería de Excelencia (FIDEX), es más pesimista: "Poner la depuración de aguas a nivel de la directiva europea implicaría una inversión de más de 5.000 millones de euros en más de 200 instalaciones".

El desafío del sector turístico

España tiene 47 millones de habitantes, pero en 2016 llegaron 75 millones de turistas, que beben, se duchan y (muchos) van a la piscina."En la práctica, un turista consume entre tres y cuatro veces más agua que un habitante de la zona", considera Gonzalo de la Cámara, de IMDEA. "Hay que tener en cuenta que los turistas vienen sobre todo en verano, un pico de demanda en un valle de disponibilidad". Los últimos años, además, han visto la llegada de un factor adicional:"En el sector hotelero la tendencia es ofrecer cada vez más servicios de valor añadido a su cliente, en los que el agua es un elemento imprescindible, como balnearios o piscinas", señala Coralía Pino, responsable del área de Sostenibilidad y Eficiencia Energética del Instituto Tecnológico Hotelero.
Al sector le azuza el problema de imagen que supondría el no tener agua que ofrecer a los clientes, especialmente en las islas, donde el estrés hídrico es mucho mayor. Ibiza, por ejemplo, tiene problemas endémicos con la depuración de aguas. "Es un coste sobre el medio ambiente que acaba pagando toda la ciudadanía", indica De la Cámara.
"Los cartelitos de los hoteles que piden reutilizar las toallas están bien, pero hay que hacer algo más", considera Eva Hernández, de WWF. "El sector turístico, por su propia supervivencia, debería hacer un esfuerzo para convencer al visitante de que este no es un país con agua de sobra". "Cada vez es menos habitual encontrar establecimientos que no hayan instalado sistemas para reducir el uso de agua, como grifos inteligentes y perlizadores en las duchas", responde Pino, pero advierte:"El hotelero no puede repercutir a su cliente el coste correspondiente a las mejoras necesarias para garantizar el suministro de agua. Esto no permitiría ni al hotel, ni al destino en sí mismo, ser competitivo frente a otros destinos y establecimientos turísticos".

"Hablamos muchísimo de la sobreexplotación. Pero si el agua desalada le cuesta al agricultor un euro el metro cúbico y la puede sacar del acuífero por 25 céntimos, ¿qué va a hacer?", señala De la Cámara. "Tenemos la capacidad de producir el agua pero seguimos sacando 460 hectómetros cúbicos de los acuíferos todos los años", apunta. "Somos expertos en construir obra pública, pero no en operarla". Pero para Argüello, no va a ser tan sencillo. "La teoría de que todo está hecho es bastante falsa", considera. "Las exigencias medioambientales crecen a una velocidad bastante mayor que las de otros ámbitos".
Por supuesto, el estrés hídrico no es igual en todas las cuencas. Según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA, en sus siglas en inglés), en el verano del 2014 la captación de agua en el alto Júcar y el Cabriel superó el 80% de los recursos disponibles totales para el periodo. De hecho, según la propia EEA, de las 10 cuencas europeas que más agua sacaron en relación al total disponible, siete están en España y ocho en la península Ibérica.
Según la estadística del uso del agua del INE (que mide el balance entre el agua que se extrae del medio ambiente y que se devuelve) la inmensa mayoría del líquido elemento que se utiliza en España (un 82,1% en 2010) va a la agricultura y a la ganadería. "Hay que reflexionar lo que supone tener una agricultura intensiva e internacionalizada en la zona de mayor estrés hídrico de la Unión Europea", apunta De la Cámara.

Agua dulce

En 2012, último año del que Eurostat tiene cifras, España retiró de todas sus fuentes de agua dulce 37.349 millones de metros cúbicos, una cifra similar a las registradas anualmente las dos décadas anteriores. "En términos agregados, España consume básicamente el mismo agua", confirma De la Cámara. "Los diferentes usos se han ido reduciendo; en ciertos casos, como en los hogares, de forma radical".
Para Del Campo, su sector está cumpliendo a la hora de prepararse para un futuro con menos agua. "Se ha hecho un esfuerzo importantísimo para modernizar y hacer más eficiente el uso del agua en la agricultura española", considera. "Hemos pasado a ser el primer país por superficie con riego localizado y el segundo por porcentaje (después de Israel). De más de la mitad de los riegos por superficie, hemos pasado a menos de 27%". El resultado es una eficiencia casi sin parangón: "El regadío ocupa el 15% de la superficie agraria útil y representa un 60% de la producción final", considera Del Campo. "Para comparar, a nivel mundial la proporción es de un 20% de superficie regada con un 40-45% de la producción".
Para los expertos, esos datos excelentes traen consigo su propio peligro; la paradoja que definió el economista británico William Stanley Jevons hace más de 150 años y que lleva su nombre. "La mejora de la eficiencia al utilizar un bien aumenta su escasez porque aumenta la demanda", explica Gómez. Es, precisamente, lo que ha pasado con el agua en la agricultura. "Hasta ahora, el conseguir mayor productividad ha servido más para mejorar la viabilidad económica de los cultivos que para ahorrar agua", indica. "La cuenca del Segura puede ser todo lo productiva que haga falta, pero sigue sacando más agua de lo que es sostenible". "La eficiencia es deseable, pero en un contexto de sostenibilidad económica, social y ambiental", considera Hernández.
Del Campo coincide con esa evaluación de las prioridades del sector. Y las justifica: "Organismos como la OCDE y la FAO nos dicen que tenemos que aumentar más de un 40% la producción de alimentos antes de 2030, y más de un 70% antes de 2050", considera. "Hay un axioma: cada día tenemos menos agua y menos tierra por cada uno de nosotros, y tenemos que producir más utilizando el máximo de tecnología".

Las hidroeléctricas se declaran preparadas

Con 39.053 gigavatios hora de energía aportada al sistema en 2016 (según los datos provisionales de Red Eléctrica de España) la energía hidroeléctrica fue el año pasado la tercera más importante en el 'mix' eléctrico después de la nuclear y la eólica y sigue siendo fundamental para el sistema eléctrico español, tanto por su práctica ausencia de emisiones de gases de efecto invernadero como, sobre todo, por tener una disponibilidad que no tienen otras energías renovables.
Esto se sostiene en una red de embalses, la mayoría de ellos de más de 30 años. "Con un régimen ya de por si irregular de pluviosidad, tenemos una ratio de presa por superficie más elevada", explica Javier Palacios, director de Generación Hidráulica de Iberdrola. "Aquí guardamos agua para los momentos de escasez".
Agua que queda almacenada y no tiene otros usos, lo que puede suponer un problema, especialmente en las centrales de bombeo, que mueven agua utilizando energía externa durante las horas valle para poder generar electricidad en horas punta. "Hoy en día, son el único almacenamiento masivo de energía que conocemos", afirma Palacios. "Nuestra visión es que se pueden compatibilizar los distintos usos", afirma Isidro Pescador, responsable de Hidráulicas de Enel Green Power España. "Una solución de compromiso es sentarnos con los diferentes usuarios del agua". El sector, sin embargo, se encuentra seguro de su capacidad de adaptarse a un futuro más seco. "Estamos bastante bien situados para defendernos de una irregularidad hídrica", señala Palacios. "Hacemos inversiones continuamente para ser más eficientes". "Gastamos 50 millones de euros para cumplir con las normativas y seguir mejorando la eficiencia", complementa Pescador.

El 'mix' energético

En ese mix, las energías renovables tendrán un papel esencial. "Hay que conseguir la máxima eficiencia en el binomio agua y energía", señala Del Campo. Respecto a los recursos necesarios para esa expansión, el presidente de la federación de regantes es optimista en tanto en cuanto los precios agrícolas resistan, especialmente en lo que respecta a los grandes cultivos comerciales mediterráneos. "Se acabará utilizando agua desalada y aguas de las ciudades".
El sector presume de buenos datos de eficiencia, pero para Maite Aldaya, consultora para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), las cifras tienen algo de trampa. "Lo que hace España para decir que son sostenibles se basa solo en el uso del agua dentro del país", explica, y pone un ejemplo: "Tenemos una industria cárnica de mucho valor añadido, pero los cereales que utiliza para alimentar al ganado vienen de países como Brasil o Estados Unidos, donde el déficit hídrico es menor".
Después de los hogares, la tercera en importancia en el uso del agua es la industria; pero este gasto, en términos de balance de flujo de agua, es solo de un 2,25%. "La industria tiene ciclos cerrados para gastar menos", apunta Aldaya. "Eso en la agricultura no se puede hacer". "Son lo que se llaman usos no consuntivos", complementa De la Cámara. "El agua para la industria y energía se acumula pero no se consume". En todo caso, la experiencia de las factorías españolas en la gestión del líquido elemento lo convierte en destino de campo de pruebas ideal: por ejemplo, la multinacional química estadounidense Dow ha instalado en España su centro de tecnología de agua mundial, con una inversión de 20 millones de euros y 50 empleos.
La industria de la alimentación, bebidas y tabaco es el líder en consumo de agua, por razones evidentes: rara es la receta que no la incluya en alguna de sus fases. Le sigue en importancia el del papel y cartón. En los años sesenta del siglo pasado la cantidad de agua utilizada por este último sector era del orden de 120 metros cúbicos por tonelada de papel producido. Hoy, la cifra ronda los cinco metros cúbicos. Nueve de cada diez litros que utiliza el sector vuelven al medio ambiente; según la patronal Aspapel, el 95% de esa cantidad regresa depurada.
Aspapel también afirma que el sector ha reducido su consumo de agua un 32% en los últimos 15 años al tiempo que incrementaba su producción un 20%. Y, según Carmen Sánchez-Carpintero, directora de Medio Ambiente y Energía de la patronal, la tecnología actual da aún más margen. "Hay que tener en cuenta que muchas de las normativas de emisiones se miden por la concentración", explica. "Así que no podemos ahorrar más agua sin emitir más contaminantes".

Impacto químico

La química es otra industria que recoge mucha agua del entorno. "Somos eficientes en el uso del agua por la cuenta que nos trae", considera Niurka Sancho, directora de desarrollo e innovación de Cepsa. "Cualquiera que quiera estar a largo plazo en este negocio tiene que tener grabado a fuego el tema de la eficiencia". "Hemos reducido el consumo de agua un 10% en los últimos cuatro años, dentro de nuestra estrategia de cuidado responsable del medio ambiente", considera Antón Valero, presidente de la patronal química Feique. "En Tarragona hemos construido algo que creo que es un ejemplo a nivel mundial: una planta de tratamiento terciario que permite reutilizar agua de los afluentes urbanos en el polo petroquímico".
El sector del automóvil necesita agua de primera calidad (depurada y acondicionada en fábrica) sobre todo para los procesos de pintado, que se hacen con el líquido como aglutinante. La multinacional Suez (cuando aún se llamaba Aqualogy) asesoró en el diseño de un plan para reducir un 25% el consumo de agua en una gran fábrica de automóviles en la provincia de Barcelona hasta 2018. Con el objetivo casi cumplido, aún colaboran para llevar a cabo la siguiente meta, la de elevar esa reducción hasta un 50% en 2025. Pero para una de las responsables del proyecto, el principal impulso no es económico: "En algunos casos, resulta más caro instalar y operar un equipo de recuperación que sacar el agua de la red", explica.

Más nubes curiosas

Lenticulares

Mammatus

Volutus

Asperita

Origen de los Atlas de nubes. Organización Metereológica Mundial

Los orígenes del Atlas Internacional de Nubes se remontan al siglo XIX. La Conferencia Meteorológica Internacional publicó, en 1896, el primer Atlas Internacional de Nubes, compuesto por 28 imágenes en color.
El Atlas de Nubes actual consta de dos Volúmenes y se publicó originalmente en 1956. El Volumen I es un detallado manual técnico de normas. El Volumen II contiene alrededor de 220 placas de fotografías de nubes y algunos otros meteoros (tales como tipos de precipitación, calima, arco iris y relámpagos).
Cada fotografía está acompañada de un texto explicativo para que puedan entenderse las imágenes del Volumen II sin necesidad de las detalladas definiciones y descripciones técnicas que figuran en el Volumen I. El Atlas se ha revisado y actualizado en varias ocasiones. En la última, que data de 1987, se añadieron nuevas fotografías.
El Equipo de expertos de la OMM encargado de la actualización del Atlas de Nubes ha recomendado que el Atlas de Nubes revisado, que figura en la web, integre los volúmenes I y II en una versión conjunta.  Ello está sujeto a la aprobación del Consejo Ejecutivo de la OMM.
Clasificación de las nubes
El sistema internacional actual de clasificación de nubes en latín se remonta a 1803, cuando el meteorólogo aficionado Luc Howard escribió el libro The Modifications of Clouds.  La OMM actualmente reconoce diez géneros de nubes (clasificaciones básicas), que describen en qué parte del cielo se forman y su apariencia aproximada:

Nubes altas: Cirrus,  Cirrocumulus, Cirrostratus;

 Cirrocumulus

 Cirrostratus

Nubes medias: Altocumulus, Altostratus, Nimbostratus

Altocumulus

Altostratus

Nimbostratus

Nubes bajas: Stratocumulus, Stratus, Cumulus, Cumulonimbus

Stratocumulus

Stratus

Cumulus

Cumulonimbus

Estos géneros se subdividen en 14 especies (clasificaciones secundarias), que describen la forma y estructura interna, y 9 variedades (clasificaciones terciarias), que describen la transparencia y la disposición de las nubes. No todos los géneros tienen todas las especies y no todas las especies tienen todas las variedades, pero en total hay aproximadamente 100 combinaciones. Además, en los tres primeros niveles de la clasificación también se definen determinados rasgos complementarios y nubes accesorias.
El Equipo especial de expertos internacional ha estudiado la posibilidad de que haya nuevas clasificaciones de nubes y propone que se reconozca la nueva especie Volutus (del latín volutus, que significa "enrollada"). También propone algunas “nubes especiales” nuevas como Homogenitus (del latín homo, que significa "hombre" y genitus, que significa "generada" o "creada"). Una de sus denominaciones habituales es "estela" (de los aviones).
Asperitas
La propuesta que más interés ha suscitado ha sido la de la asociación Cloud Appreciation Society, con sede en el Reino Unido, con el objeto de reconocer la llamada nube asperitas (del sustantivo latín que significa "rugosidad"). El Equipo especial de expertos internacional la definió como una formación compuesta de estructuras en forma de onda bien definidas en la parte inferior de la nube, más caótica y con menos organización horizontal que la nube undulatus.  Se caracteriza por ondas localizadas en la base de la nube, ya sean lisas o moteadas con rasgos más pequeños, que a veces descienden en puntas afiladas, como si se estuviera viendo una superficie rugosa del mar desde abajo. Los distintos niveles de iluminación y de espesor de la nube pueden dar lugar a efectos visuales espectaculares.
La variedad de nube undulatus ya existe en el tercer nivel de clasificación, que se asocia generalmente con las nubes estratiformes. El Equipo de expertos ha propuesto que la nube asperitas (téngase en cuenta la ortografía: se denomina así por el sustantivo en latín que significa "rugosidad") se incluya como un nuevo rasgo complementario y ha elegido una imagen para que se incorpore en el nuevo Atlas, a partir del concurso organizado por la asociación Cloud Appreciation Society.
Todas las propuestas están sujetas a la aprobación del Consejo Ejecutivo de la OMM.
El Volumen I del Atlas de Nubes es un manual técnico de normas y, por lo tanto, toda revisión conllevará una modificación de los reglamentos técnicos de la OMM. El Congreso Meteorológico Mundial, celebrado en junio, aprobó una propuesta para que ese proceso pueda llevarse a cabo  distancia, sin necesidad de celebrar una reunión formal. También hizo hincapié en la necesidad de contar con recursos adicionales para financiar el proyecto y una publicación impresa.

Nuevos tipos de nubes. Diario El País

Naciones Unidas identifica 12 nuevos tipos de nubes

La revisión del atlas de masas nubosas incluye formaciones como las asperitas, similares a la superficie del mar

Manuel Ansede

22 MAR 2017 - 11:09 CET

Altostratus asperitas, en el Observatorio Atmosférico de Izaña (Tenerife). Rubén del Campo

La Organización Meteorológica Mundial presentará mañana el nuevo Atlas Internacional de Nubes, una publicación de referencia que no se actualiza desde 1987. Aquella edición en papel, anterior a la era de internet, ha llegado a ser un libro de culto entre los aficionados a observar el cielo.
El atlas se publicó por primera vez en 1896, con tan solo 28 imágenes en color. La edición de este año, en formato digital, incluye cientos de fotografías e identifica 12 nuevos tipos de nubes. Como los animales, las nubes se clasifican en géneros, especies y otras categorías inferiores, con nombres en latín. Los géneros describen la apariencia aproximada de las nubes y dónde se forman, como ocurre con los altocumulus, unas formaciones que en el cielo parecen un rebaño y protagonizan el refrán “Borreguitos en el cielo, charquitos en el suelo”. El nuevo atlas no añade ningún nuevo género a los 10 ya existentes.

Una nube de tipo cavum captada con un teléfono móvil. Rubén del Campo

La versión de 2017 sí describe una nueva especie, bautizada volutus o nube enrollada. Es una masa nubosa de escasa altura, en forma de tubo que parece enrollarse en un eje horizontal, según detalla un comunicado de la Organización Meteorológica Mundial. La institución, de Naciones Unidas, también incluye una nueva nube accesoria, denominada flumen o cola de castor. Suele aparecer asociada a fuertes tormentas en rotación conocidas como supercélulas.
La entidad añade a su vez cinco nuevos rasgos complementarios: asperitas, cavum (con un agujero), cauda (o nube de cola), fluctus y murus (o nube de muro). El primero, asperitas, llega al atlas entre un clamor popular, gracias a una campaña de la asociación británica Cloud Appreciation Society, dedicada a promover la admiración de las masas nubosas. La ONG propuso su inclusión en 2008, después de que muchos de sus miembros captaran por todo el mundo fotografías de nubes que se asemejaban a la superficie ondulante del mar vista desde abajo. “Es el clásico ejemplo de ciencia ciudadana, en la que las observaciones de la población, permitidas por la tecnología de los teléfonos inteligentes e internet, han influido en un sistema de clasificación oficial”, sostiene la asociación.

Una nube de tipo fluctus. Rubén del Campo

El nuevo atlas también introduce cinco nubes especiales más. Cuatro de ellas están relacionadas con factores localizados que disparan la formación de las nubes: cataractagenitus, vinculadas a cataratas; flammagenitus, observadas sobre fuentes de calor intenso, como incendios forestales; silvagenitus, típicas de bosques húmedos; y homogenitus, generadas a partir de las estelas de condensación que dejan los aviones. Las homomutatus son nubes ya existentes que se modifican con el paso de aeronaves.
“Han tardado 30 años, pero han hecho una revisión bastante buena. Es una guía de referencia que ya era necesaria”, opina el especialista español Rubén del Campo, observador de nubes en la Agencia Estatal de Meteorología. El nuevo atlas incluye una imagen tomada por él de un cirrus castellanus, una nube poco frecuente con una especie de torrecillas.

Una nube homogenitus, generada a partir de la estela de un avión. Rubén del Campo

“Si queremos predecir el tiempo, debemos entender las nubes. Si queremos modelizar el sistema climático, debemos entender las nubes. Y si queremos predecir la disponibilidad de recursos hídricos, debemos entender las nubes”, ha defendido el finlandés Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial.
El sistema internacional de clasificación de las nubes se remonta al trabajo pionero del británico Luke Howard, un meteorólogo aficionado que en 1803 publicó un ensayo sobre la modificación de las masas nubosas. En la actualidad se conocen unos 100 tipos de nubes, sumando las combinaciones entre las diferentes categorías.

Inmigración en España. Diario El País

La metamorfosis de España

Siete gráficos sobre inmigración para entender cómo ha cambiado la composición de la sociedad en las últimas dos décadas

Laura Delle Femmine

David Alameda

1 MAR 2017 - 14:00 CET

En los últimos 20 años, España se ha convertido en el destino de millones de migrantes: en 1998, solo el 1,6% de los empadronados es extranjero, poco más de medio millón de personas. Hoy la cifra supera los cuatro millones y medio, lo que equivale a casi el 10% de población. También el origen de quienes eligen España para echar raíces cambia a lo largo de las dos pasadas décadas: los rumanos superan a los colombianos y los marroquíes siguen siendo los más numerosos, según las estadísticas del padrón. Muchos de ellos contribuyen a engrosar las filas de la Seguridad Social (de los 300.000 trabajadores afiliados en alta en 1998 a los 1,6 millones el año pasado), y muchos otros adquieren la nacionalidad española. Y confirman una tendencia que parece no tener vuelta atrás.

Tanto la población española como la extranjera crece a lo largo de los años: en 1998 hay 39,8 millones de personas empadronadas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), pero solo el 1,6% tiene nacionalidad diferente a la española. A partir del año 2000, al calor del crecimiento económico, el número de inmigrantes que vive en España adquiere otra magnitud y en 2011 alcanza un récord histórico: el INE contabiliza 5,7 millones de extranjeros empadronados, equivalentes al 12,19% de la población y casi 10 veces más que en 1998. La fuerte crisis económica que estalla en 2008 se convierte, sin embargo, en un importante desincentivo para seguir viviendo en el país. El número de extranjeros empadronados empieza a disminuir, en buena medida (pero no exclusivamente) porque los ciudadanos expatriados comienzan a sentirse cada vez más seducidos por sus lugares patrios frente a un país de acogida ahogado en el paro y en una economía menguante. En un lustro, el padrón pierde un millón de inmigrantes: en 2016 la estadística refleja 4,6 millones de extranjeros viviendo en el país. Pero España ya no es la misma.

Con el paso del tiempo muta también el origen de los inmigrantes que eligen España como su residencia —con la excepción de la comunidad marroquí, que siempre ha estado entre las más numerosas en el país—. En 1998, entre los 10 grupos con más presencia se encuentran marroquíes, británicos, alemanes, portugueses, franceses, peruanos, argentinos, italianos, dominicanos y holandeses. Años más tarde, colombianos y ecuatorianos se convierten en los indiscutibles protagonistas de la inmigración latinoamericana, seguidos por los bolivianos. Los rumanos empiezan a ganar peso en 2001, hasta transformarse en la comunidad extranjera con más empadronados de España entre 2008 y 2015; los chinos, por su parte, empiezan subir con cada vez más fuerza en las estadísticas del INE a partir de 2009. En 2016 son la cuarta nacionalidad con más presencia en el país.

El número de inmigrantes con papeles empieza a crecer desde los años 80, cuando el Gobierno inicia una serie de "regularizaciones" de los extranjeros que están trabajando en la economía sumergida. Entre 1995 y 2005, tanto populares como socialistas impulsan cuatro sucesivas "normalizaciones" dirigidas a inmigrantes que cumplan con determinados requisitos. Las instituciones comunitarias critican el "efecto llamada" provocado por estas políticas y en 2007 establecen que toda regularización tiene que consultarse con los demás socios europeos. Ese año, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, insiste en que el proceso de regularización puesto en marcha en 2005 fue "necesario, conveniente y positivo". Actualmente, hay 4,9 millones de extranjeros con tarjeta o certificado de residencia en vigor, según los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración. Esta cifra es superior al número de empadronados, algo que se debe a diferencias metodológicas que no hacen fiable la comparación entre las dos series, alertan Blanca Garcés y Elena Sánchez, investigadoras del Cidob, think tank especializado en relaciones internacionales y desarrollo. "El mecanismo del INE ha cambiado y hay muchos que no renuevan el padrón cuando se mudan", aseguran.

Así como crece el número de inmigrantes empadronados en las últimas dos décadas, también lo hace la cifra de afiliados a la Seguridad Social en alta laboral. El pico máximo se alcanza en 2007, cuando el organismo previsor cuenta con casi dos millones de cotizantes extranjeros entre sus filas. Hasta ese momento, el mercado laboral español es capaz de absorber a los trabajadores que vienen desde fuera: la economía avanza y la mano de obra inmigrante, más barata y muchas veces empleada para ocupaciones poco cualificadas, se convierte en una de las locomotoras del crecimiento que empuja el aumento de la riqueza nacional. Pero el idilio se rompe con la crisis y el pinchazo de la burbuja: España, con una tasa de paro que llega a rozar el 27% en 2013, pierde de repente todo su atractivo de cara a los inmigrantes. El número de trabajadores extranjeros en alta laboral disminuye, y solo en los últimos dos años ha vuelto a crecer (hasta los 1,6 millones en 2016), sin haber llegado todavía a recuperar los niveles precrisis.

El número de inmigrantes en España disminuye en los últimos años no solo porque muchos vuelven a su país de origen por la difícil situación económica; la cifra empieza a reducirse también porque un número considerable de extranjeros logra el pasaporte español. Según el Observatorio Permanente de la Inmigración, entre 1995 y 2015 más de 1,2 millones de personas adquieren la nacionalidad española por residencia (el tiempo para obtenerla varía según la nacionalidad de la persona; si se ha nacido en España o se posee la condición de refugiado, entre otras cosas), la modalidad más común de nacionalización. Es más: según los datos de Eurostat, España es el tercer país de la Unión Europea que más extranjeros nacionaliza entre 2005 y 2014, superado solo por Reino Unido y Francia, y el que más pasaportes otorga a inmigrantes en 2014 y 2015.

Después del pico de nacionalizaciones por residencia de 2013, cuando 261.295 inmigrantes obtienen el pasaporte español, los números empiezan a desinflarse y vuelven a los niveles de 2009. Ese año, ecuatorianos y colombianos ya llevan casi un lustro siendo los extranjeros que más se nacionalizan españoles. Una década antes, era a argentinos, peruanos y dominicanos a quien el Estado español más concedía la nacionalidad. La comunidad marroquí, según los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración, es la que tiene a más personas nacionalizadas españolas en los últimos dos años: más de 170.000, casi la misma población de Zamora.

España no es un país particularmente generoso con las concesiones de asilo, una protección otorgada por el Estado a aquellas personas que huyen de conflictos o persecuciones que amenazan o impiden el ejercicio de sus derechos fundamentales. Las tasas de admisión entre 1995 y 2015 han sido, de media, del 20%. Pero tampoco es un país que reciba muchas solicitudes, por lo menos hasta 2015, cuando el conflicto en Siria y Ucrania causa un repunte en las peticiones y las lleva a su récord histórico, con 15.000 solicitantes de protección en España, un aumento del 70% con respecto a 2008. Esta cifra sigue sin embargo representando solo un 1% del total de solicitudes recibidas en la Unión Europea, muy lejos de las más de 440.000 registradas en Alemania durante el mismo año, según datos de Eurostat.