Espacios naturales protegidos en vano
Casi el 30% del territorio español está clasificado como Red Natura 2000
Muchos dislates urbanísticos en estas zonas no se paran a tiempo o no se ejecutan las sentencias
Vista de la urbanización Marina de Valdecañas (Cáceres). / fotoarea
La macrourbanización Marina Isla de Valdecañas, en un pantano del noroeste de la provincia de Cáceres, es ilegal. Sus 180 villas turísticas, su hotel, su campo de golf y sus atraques para barcos nunca debieron construirse. Lo acaba de decir el Tribunal Supremo, igual que en 2011 lo dijo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Las organizaciones ecologistas llevaban avisando desde 2007, pero las obras siguieron adelante. Ahora que el Supremo ordena demolerlas, la Junta de Extremadura alega que es tarde, que devolver la zona a su estado natural sería incluso más perjudicial para el medio ambiente. El mayor complejo turístico y de ocio de Extremadura se levantan en terrenos incluidos en Natura 2000, la red europea de protección ambiental. Lo que no impidió que se edificara, y quizá tampoco pueda evitar que siga donde está.
El Supremo también declaró ilegal en 2011 la carretera M-501, entre Madrid y Ávila, que atraviesa el parque regional del curso medio del río Guadarrama. Para entonces, ya estaba construida. Cuando los tribunales pararon el proyecto de la Ciudad del Golf en un pinar protegido de Ávila, ya se habían talado 3.000 pinos. Estar situados en terrenos de la Red Natura 2000, cuyo día europeo se ha celebrado esta semana, no ha evitado que estos y otros proyectos de infraestructuras o de urbanización acabaran afectando a los hábitats que se intentaba proteger. El 27% del territorio de España es Natura 2000. Pero, como recuerdan las organizaciones ecologistas, la facilidad con la que se declaran los lugares de interés comunitario (LIC) y las zonas de especial protección de las aves (ZEPA) no se corresponde después con la protección que se les presupone. Son los propios Estados los que designan estas zonas y los que deben gestionarlas.
La normativa europea prohíbe construir en estas áreas si los proyectos suponen un “impacto significativo” al hábitat en cuestión. Solo hay una excepción, como subrayó la semana pasada una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE: cuando existen “razones imperiosas de interés público” y no hay soluciones alternativas. De darse esas condiciones, el Estado tiene que tomar medidas para compensar el daño creado. Las comunidades han abusado de la definición de esas excepciones, señalan tanto ecologistas como consultores medioambientales, principalmente aprobando declaraciones de interés público para proyectos que no lo merecían.
“No es que se abuse, es que a menudo se ignora la Red Natura 2000”, afirma Paco Segura, de Ecologistas en Acción. Pone el ejemplo del plan de infraestructuras gubernamental 2005-2020, conocido por sus siglas PEIT. “Pretendía construir 9.000 kilómetros de líneas de alta velocidad ferroviaria y 6.000 de autovías, a pesar de que atravesaban un total de 327 espacios incluidos de la Red Natura 2000... ¡Y no se evaluó su impacto sobre la Red Natura 2000! Pusimos una queja en Europa que fue admitida a trámite”. En ocasiones, las evaluaciones no se hacen, o se hacen mal. Otras veces, todo acaba siendo de interés público. “A menudo no se justifica, simplemente se declara. Se dice que tal aeropuerto es de interés general y se construye con todo tipo de facilidades, aunque luego no llegue a un número mínimo de pasajeros y sea una ruina económica”. Luis Suárez, de WWF, coincide: “Se ha abusado; cualquier gran infraestructura se ha convertido en interés general. Nunca se buscan alternativas, y en las declaraciones de impacto se incluyen todo tipo de medidas que no sirven para compensar. El aeropuerto de Ciudad Real se construyó sobre una ZEPA. La medida compensatoria era crear otra en unos terrenos al lado. ¿Quién te garantiza que los pájaros vayan a irse allí? Es un ejemplo de medida absurda”.
No son pocos los casos de proyectos en Red Natura 2000 que ya han causado daño. El hotel de la playa del Algarrobico (Almería), que como recuerda Greenpeace acumula 17 pronunciamientos judiciales en su contra, es uno de ellos. La mole se levanta a apenas 20 metros del agua. Para cuando el Constitucional anuló la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, en diciembre pasado, 52 millones de dinero público ya se habían gastado en construir edificios en terreno protegido junto al Duero. El Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por permitir las minas de carbón a cielo abierto de Laciana (León), una comarca donde habitan osos pardos y urogallos cantábricos, entre otras especies amenazadas. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló un parque eólico en El Bierzo (León) a finales del año pasado. No había tenido en cuenta en su declaración de impacto ambiental que allí habita el urogallo. Fue el cuarto proyecto eólico de la zona anulado, pero, a diferencia de los otros tres, este ya llevaba tres años funcionando.
“En medio ambiente deberían concederse de oficio las medidas cautelares”, opina Juan Carlos Atienza, de SEO/BirdLife. Su organización, asegura, gana en los tribunales más del 80% de los casos. “Hay que impedir que se produzcan los daños, porque después los fallos son muy difíciles de cumplir. El problema se presenta cuando la infraestructura está hecha”, señala. Es complicado que se ejecuten sentencias que ordenan restituir parajes a su estado natural. “Hay pocos casos —creo que no conozco ninguno— en los que los ecologistas hayan ganado una sentencia y esta se haya ejecutado”, se queja Atienza.
Y sin embargo, sí se han conseguido victorias medioambientales que han paralizado obras. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias detuvo de forma indefinida los trabajos del puerto de Granadilla (Tenerife) para preservar un alga protegida. El de Castilla y León anuló la urbanización de Las Navas del Marqués (Ávila) porque invadía una zona de cría de la cigüeña negra, especie en peligro de extinción. El oso pardo permitió vetar la estación de esquí de San Glorio, decisión a la que han seguido varios procedimientos judiciales más. En Navahondilla, Ávila, el TSJ de Castilla y León declaró nulo hace unos meses el plan para construir más de 1.100 viviendas en un municipio que apenas llega a 350 habitantes. Suponía recalificar suelo rústico a urbanizable en una zona donde se intenta recuperar la población de águila imperial.
España es el país de la UE que más superficie ha incluido en la Red Natura 2000: 27% frente al 12,5% de Francia; el 15,4% de Alemania o el 19% de Italia, según datos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Sin embargo, solo el 10% de esos espacios tienen un plan de gestión específico, algo a lo que obliga la normativa. España cumple con sus informes de la directiva Hábitats (la norma europea que creó la Red Natura 2000), pero estos planes de gestión “están siendo un calvario”, explica Domingo Jiménez, ex director de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Sobre todo en regiones como Castilla y León, Galicia y Murcia, añade.
Mientras tanto, se siguen arrastrando casos como el de El Algarrobico. O el de Marina de Cope, en Murcia, donde el Constitucional anuló el plan del Gobierno regional que desprotegía 11.000 hectáreas de costa virgen para urbanizarlas. “Si no hubiera sido por la crisis, las urbanizaciones como Marina de Cope estarían construidas. ¿Y quién las tira abajo, como con El Algarrobico?”, se pregunta Jiménez. “No es extraño que en los conflictos entre espacios naturales e intereses económicos primen los segundos, y esto afecta a todo el proceso, incluso a los procedimientos judiciales. La entrada en juego de los fiscales ambientales fue un gran avance, aunque harían falta más y con más medios”, concluye.
El Supremo también declaró ilegal en 2011 la carretera M-501, entre Madrid y Ávila, que atraviesa el parque regional del curso medio del río Guadarrama. Para entonces, ya estaba construida. Cuando los tribunales pararon el proyecto de la Ciudad del Golf en un pinar protegido de Ávila, ya se habían talado 3.000 pinos. Estar situados en terrenos de la Red Natura 2000, cuyo día europeo se ha celebrado esta semana, no ha evitado que estos y otros proyectos de infraestructuras o de urbanización acabaran afectando a los hábitats que se intentaba proteger. El 27% del territorio de España es Natura 2000. Pero, como recuerdan las organizaciones ecologistas, la facilidad con la que se declaran los lugares de interés comunitario (LIC) y las zonas de especial protección de las aves (ZEPA) no se corresponde después con la protección que se les presupone. Son los propios Estados los que designan estas zonas y los que deben gestionarlas.
La normativa europea prohíbe construir en estas áreas si los proyectos suponen un “impacto significativo” al hábitat en cuestión. Solo hay una excepción, como subrayó la semana pasada una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE: cuando existen “razones imperiosas de interés público” y no hay soluciones alternativas. De darse esas condiciones, el Estado tiene que tomar medidas para compensar el daño creado. Las comunidades han abusado de la definición de esas excepciones, señalan tanto ecologistas como consultores medioambientales, principalmente aprobando declaraciones de interés público para proyectos que no lo merecían.
“No es que se abuse, es que a menudo se ignora la Red Natura 2000”, afirma Paco Segura, de Ecologistas en Acción. Pone el ejemplo del plan de infraestructuras gubernamental 2005-2020, conocido por sus siglas PEIT. “Pretendía construir 9.000 kilómetros de líneas de alta velocidad ferroviaria y 6.000 de autovías, a pesar de que atravesaban un total de 327 espacios incluidos de la Red Natura 2000... ¡Y no se evaluó su impacto sobre la Red Natura 2000! Pusimos una queja en Europa que fue admitida a trámite”. En ocasiones, las evaluaciones no se hacen, o se hacen mal. Otras veces, todo acaba siendo de interés público. “A menudo no se justifica, simplemente se declara. Se dice que tal aeropuerto es de interés general y se construye con todo tipo de facilidades, aunque luego no llegue a un número mínimo de pasajeros y sea una ruina económica”. Luis Suárez, de WWF, coincide: “Se ha abusado; cualquier gran infraestructura se ha convertido en interés general. Nunca se buscan alternativas, y en las declaraciones de impacto se incluyen todo tipo de medidas que no sirven para compensar. El aeropuerto de Ciudad Real se construyó sobre una ZEPA. La medida compensatoria era crear otra en unos terrenos al lado. ¿Quién te garantiza que los pájaros vayan a irse allí? Es un ejemplo de medida absurda”.
No son pocos los casos de proyectos en Red Natura 2000 que ya han causado daño. El hotel de la playa del Algarrobico (Almería), que como recuerda Greenpeace acumula 17 pronunciamientos judiciales en su contra, es uno de ellos. La mole se levanta a apenas 20 metros del agua. Para cuando el Constitucional anuló la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, en diciembre pasado, 52 millones de dinero público ya se habían gastado en construir edificios en terreno protegido junto al Duero. El Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por permitir las minas de carbón a cielo abierto de Laciana (León), una comarca donde habitan osos pardos y urogallos cantábricos, entre otras especies amenazadas. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló un parque eólico en El Bierzo (León) a finales del año pasado. No había tenido en cuenta en su declaración de impacto ambiental que allí habita el urogallo. Fue el cuarto proyecto eólico de la zona anulado, pero, a diferencia de los otros tres, este ya llevaba tres años funcionando.
“En medio ambiente deberían concederse de oficio las medidas cautelares”, opina Juan Carlos Atienza, de SEO/BirdLife. Su organización, asegura, gana en los tribunales más del 80% de los casos. “Hay que impedir que se produzcan los daños, porque después los fallos son muy difíciles de cumplir. El problema se presenta cuando la infraestructura está hecha”, señala. Es complicado que se ejecuten sentencias que ordenan restituir parajes a su estado natural. “Hay pocos casos —creo que no conozco ninguno— en los que los ecologistas hayan ganado una sentencia y esta se haya ejecutado”, se queja Atienza.
Y sin embargo, sí se han conseguido victorias medioambientales que han paralizado obras. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias detuvo de forma indefinida los trabajos del puerto de Granadilla (Tenerife) para preservar un alga protegida. El de Castilla y León anuló la urbanización de Las Navas del Marqués (Ávila) porque invadía una zona de cría de la cigüeña negra, especie en peligro de extinción. El oso pardo permitió vetar la estación de esquí de San Glorio, decisión a la que han seguido varios procedimientos judiciales más. En Navahondilla, Ávila, el TSJ de Castilla y León declaró nulo hace unos meses el plan para construir más de 1.100 viviendas en un municipio que apenas llega a 350 habitantes. Suponía recalificar suelo rústico a urbanizable en una zona donde se intenta recuperar la población de águila imperial.
España es el país de la UE que más superficie ha incluido en la Red Natura 2000: 27% frente al 12,5% de Francia; el 15,4% de Alemania o el 19% de Italia, según datos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Sin embargo, solo el 10% de esos espacios tienen un plan de gestión específico, algo a lo que obliga la normativa. España cumple con sus informes de la directiva Hábitats (la norma europea que creó la Red Natura 2000), pero estos planes de gestión “están siendo un calvario”, explica Domingo Jiménez, ex director de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Sobre todo en regiones como Castilla y León, Galicia y Murcia, añade.
Mientras tanto, se siguen arrastrando casos como el de El Algarrobico. O el de Marina de Cope, en Murcia, donde el Constitucional anuló el plan del Gobierno regional que desprotegía 11.000 hectáreas de costa virgen para urbanizarlas. “Si no hubiera sido por la crisis, las urbanizaciones como Marina de Cope estarían construidas. ¿Y quién las tira abajo, como con El Algarrobico?”, se pregunta Jiménez. “No es extraño que en los conflictos entre espacios naturales e intereses económicos primen los segundos, y esto afecta a todo el proceso, incluso a los procedimientos judiciales. La entrada en juego de los fiscales ambientales fue un gran avance, aunque harían falta más y con más medios”, concluye.
