Población española. Abril 2017. Diario El País

España pierde población por quinto año consecutivo

El padrón continuo disminuye en 17.982 personas en 2016 y se sitúa en 46,5 millones

Mai Montero

Madrid 26 ABR 2017 - 16:09 CEST

La población española desciende por quinto año consecutivo, según el informe anual del Instituto Nacional de Estadística publicado este miércoles como avance provisional. El padrón continuo disminuyó en 17.982 personas, lo que sitúa el número de habitantes en España en 46,5 millones a 1 de enero de 2017. Esta pérdida se debe a la disminución de los extranjeros, que son un 1,5% menos respecto al año anterior.  

Desde que en 1998 se comenzaron a publicar estos datos, la población empadronada en España había aumentado todos los años. Fue a partir de 2012 cuando empezó a disminuir. El mayor descenso se produjo en 2013, en el que se marcharon casi medio millón de extranjeros. La tendencia a la baja se ha ido manteniendo también durante 2016, con 68.723 menos, aunque ha sido el año de menor intensidad. En la actualidad, del total de la población, el 90,2% son de nacionalidad española y el 9,8% extranjeros.
Dentro de los extranjeros inscritos, que suman 4.549.858, los más numerosos de la Unión Europea son los rumanos (684.532), los británicos (236.669) y los italianos (189.005). Entre los no comunitarios destacan los marroquíes (747.872), los chinos (207.593) y los colombianos (145.055). Durante 2016 aumentó considerablemente el número de venezolanos (14.283 más), de chinos (7.446) y de italianos (6.736). Los mayores descensos se dan entre rumanos (-32.930), británicos (-19.832) y ecuatorianos (-16.703).

Las comunidades con mayor proporción de extranjeros son islas Baleares (16,7%), Cataluña (13,8%) y Región de Murcia (13,5%). También Melilla con un 15,5% de población extranjera. Las que tienen menor proporción de extranjeros son Extremadura (2,9%), Galicia (3,2%) y Principado de Asturias (3,7%).

Durante 2016, el número de extranjeros disminuyó en todas las comunidades autónomas, excepto en Cataluña con 15.057 personas más, País Vasco con 2.967 y Comunidad de Madrid con 886 más. También aumentó en Ceuta con 210 y en Melilla con 27.
Por edades, el 15,9% de la población tiene menos de 16 años, el 37,3% tiene entre 16 y 44, y el 28% tiene 65 o más. La edad media de los españoles es de 42,9 años y de los extranjeros 35,8. Según el INE, el 49% de los españoles inscritos en el padrón son hombres y el 51% mujeres, al contrario que los extranjeros, en los que el número de hombres es mayor con un 50,4%.

Comunidades autónomas

En el último año, la población ha disminuido en 10 comunidades y ha aumentado en el resto. Madrid con 37.588 personas más, Cataluña con 28.689 e islas Baleares con 8.035 son las tres que más destacan. Ceuta (440 más) y Melilla (52) también han crecido. Las mayores reducciones de población se han producido en Comunidad Valenciana (-24.958), Castilla y León (-23.124) y Andalucía (-17.739).
En términos relativos, Castilla y León (-0,9%), Extremadura y Principado de Asturias (ambas con un -0,8%) presentan las mayores reducciones de población. Por el contrario, los mayores aumentos se dan en islas Baleares (0,7%), Comunidad de Madrid (0,6%) y Cataluña (0,4%).
Las comunidades autónomas más pobladas son, igual que en 2016, Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid. Las que tienen menos población también siguen siendo La Rioja, Cantabria, y Comunidad Foral de Navarra.

La actualidad de la energía nuclear en España. Diario El País

La energía nuclear entra en la ‘crisis de los 40’ antes de tiempo

El Gobierno ha allanado el camino para que las plantas operen más de cuatro décadas. Pero las eléctricas lanzan un pulso: si no bajan los impuestos no es rentable que sigan abiertas

  Manuel Planelles

Madrid 22 ABR 2017 - 20:54 CEST    

Central nuclear de Almaraz, en Cáceres. Bernardo Pérez

El planeta rebasó el jueves la barrera de los 410. El observatorio de Mauna Loa, en Hawai, detectó que la concentración de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera en el hemisferio norte había superado las 410 partes por millón. Antes de la Revolución Industrial —y de que la humanidad empezara a quemar sistemáticamente combustibles fósiles para crecer— la concentración de CO₂ —el principal gas desencadenante del efecto invernadero— estaba en 278 partes por millón. También esta semana la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE UU alertó de que el pasado mes fue el segundo marzo más caluroso desde que hay registros fiables, que datan del siglo XIX.

Esto ya casi ni es noticia, porque el planeta lleva años encadenando récords de concentraciones de gases de efecto invernadero y de calentamiento, algo que la mayoría de científicos ligan. En un momento en el que su credibilidad estaba tocada por el accidente de Fukushima de 2011, la conciencia contra el cambio climático y la necesidad de luchar contra este fenómeno ha dado alas al sector nuclear, que se reivindica como una tecnología que no emite CO₂. Este sector intentó —sin éxito— que en el Acuerdo de París contra el cambio climático, de 2015, se mencionara a la nuclear como una tecnología que ayuda a luchar contra el calentamiento.

Enfrentamiento en Garoña

Iberdrola y Endesa se verán las caras el miércoles en el consejo de Nuclenor, la empresa dueña de Garoña. Iberdrola y Endesa comparten al 50% la propiedad de Nuclenor, pero discrepan sobre los pasos a seguir con la central nuclear burgalesa. Iberdrola, con el argumento principal de la carga impositiva, no ve viable invertir los 200 millones necesarios para reabrirla. Y quiere que Nuclenor desista ya de este proyecto. Endesa, aunque tampoco tiene claro que los números salgan, prefiere esperar a que el Gobierno decida si concede o no la licencia y en qué términos. El consejo del miércoles ha sido forzado por Iberdrola. Ninguna parece dispuesta a ceder.

La situación de cada empresa es distinta: Iberdrola —que encabeza el pulso al Gobierno para que baje los impuestos— está muy centrada en renovables y tiene poca generación con carbón, una tecnología condenada a desaparecer. Endesa está centrada en la nuclear y el carbón. Además, esta compañía contempla en sus cuentas una amortización de las centrales a 50 años. Es decir, da por hecho que superarán los 40, algo a lo que Iberdrola no está dispuesta si no bajan los impuestos.

"Chernóbil convirtió a la socialdemocracia europea en antinuclear; Fukushima a Merkel", resume Francisco Castejón, experto en energía atómica de Ecologistas en Acción, sobre la decisión de Alemania de aplicar un calendario para el cierre de sus centrales, que culminará en 2022. La Comisión Europea, en este apartado, se muestra neutral y deja a cada país que recorra su camino. De hecho, otros, como Reino Unido, apuestan por esta energía y por construir nuevas centrales.

Aunque lo que ocupa el debate ahora —en la UE y en muchos países desarrollados— no es tanto la construcción de nuevas plantas, sino la ampliación de su vida más allá de los 40 años, para los que en un principio fueron diseñadas. Esa barrera de las cuatro décadas solo la han superado el 15% de los reactores del planeta que están en funcionamiento, según los datos de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. España también está inmersa en esa discusión. Y en un tremendo pulso entre las eléctricas y el Gobierno.

España es uno de los 30 países del mundo que emplean la energía nuclear para producir electricidad. Siete de los 441 reactores que en 2016 estaban operativos en el planeta están aquí, repartidos en las cinco centrales existentes. Alrededor del 20% de la electricidad que se consume en el país proviene de la nuclear.

Las centrales españolas están ahora en la treintena, como ocurre con la mayoría de reactores del mundo (el 56%). Pero han entrado antes de tiempo en la crisis de los 40, porque los procesos para renovar las licencias duran varios años.

Uno de los actores principales del sector —Iberdrola— ha lanzado un pulso al Gobierno: si no se reduce la carga fiscal sobre las centrales no es rentable hacer las obras de mejora en estas instalaciones para que funcionen más allá de las cuatro décadas, lo que supondría el apagón nuclear a partir de la próxima década. La semana pasada, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, recogió el testigo de Iberdrola: "No es rentable pensar en inversiones para prolongar la vida de las centrales", dijo. Un mes antes, Juan María Moreno, director del área nuclear de Endesa, abogó por una "reducción de la presión fiscal" en una comisión a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados, según las actas consultadas por EL PAÍS.

Choque político

El Congreso ha sido el escenario de un enfrentamiento a cuenta de la ampliación de las centrales en los últimos años. PSOE y Podemos abogan abiertamente por el cierre cuando cumplan los 40. Ciudadanos no define claramente su postura. Y el PP es claramente favorable a que sobrepasen esa barrera, como argumentó el viernes en un debate celebrado en el Congreso Alberto Herrero, portavoz de los populares de Energía.    

Desde que llegó a La Moncloa en 2011 el PP ha ido allanando el camino normativo para que las nucleares puedan operar más allá de los 40. También se han dado pasos en la misma línea en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que controlan los populares. Este mismo mes el PP ha bloqueado en el Congreso, argumentando que tendría importantes efectos presupuestarios, la tramitación de una proposición de ley de Podemos que abogaba por el cierre de las plantas.

Todo parecía preparado para que las centrales pudieran prolongar la vida más allá de las cuatro décadas. Pero, cuando se acerca el momento en el que las plantas deben solicitar los permisos, el Ejecutivo se ha encontrado con el rechazo —expresado en público— de algunos de sus propietarios.

El sector nuclear es cosa de dos en España. Aunque EDP y Gas Natural tienen participación en algunas centrales, los principales dueños de las plantas son Endesa (que posee el 47% de la potencia instalada) e Iberdrola (43%). Además, la propiedad en la mayoría de las cinco nucleares está compartida, con lo que tienen que entenderse en los consejos de administración.

Todas parecen compartir el objetivo de que el Gobierno les reduzca los impuestos. Pero es Iberdrola la que está encabezando este "pulso", como lo define Juantxo López de Uralde, portavoz de Equo, formación integrada en el grupo parlamentario de Unidos Podemos. La compañía de Ignacio Sánchez Galán ha enviado varios escritos a los consejos de administración de las centrales para que se reúnan para abordar este asunto. En concreto, Iberdrola está impulsando que, desde esos consejos, se pida oficialmente al Ministerio de Energía que modifique el reglamento sobre el procedimiento para solicitar las autorizaciones de operación.

La norma actual establece que, tres años antes de caducar el permiso vigente, cada central debe comenzar el proceso de renovación. Esto supone que entre este 2017 y el próximo 2018 la mayoría de las centrales tendrían que comenzar a pedir las licencias para funcionar en la próxima década. Y, aunque todas están en la treintena, cuando soliciten los nuevos permisos ya sería para superar los 40 años de vida —de hecho, las eléctricas plantean que funcionen hasta los 60—.

En el escrito de Iberdrola se propone reducir ese plazo de tres a un año. "Teniendo en cuenta el actual contexto de explotación, con relevantes pérdidas acumuladas (...) y, en particular, los cambios regulatorios experimentados (que han incrementado notablemente la carga fiscal sobre la generación nuclear) (...) a día de hoy se considera necesario disponer de un mayor plazo", argumenta Iberdrola. También sostiene que así el ministerio tendrá también "más tiempo para abordar la situación de quebranto económico que soporta la generación nuclear". En definitiva, más tiempo para reducir los impuestos, como demanda la compañía eléctrica. "Un operador responsable, atendiendo a sus obligaciones en materia de seguridad nuclear, no podría solicitar una renovación de la autorización de explotación que le abocaría a una obligación de funcionamiento", añade la propuesta de Iberdrola al que ha tenido acceso este diario.

Si el Gobierno no cambia la norma, como reclama Iberdrola, dos de las principales nucleares del país —Almaraz (Cáceres) y Vandellòs (Tarragona)— tendrán que presentar ya sus solicitudes de renovación de la licencia para operar más allá de los 40 años. Almaraz antes del 7 de junio y Vandellòs antes del 21 de julio.

Las eléctricas tienen la vista puesta en los dos impuestos nuevos que el Gobierno creó en 2012, que gravan los residuos radiactivos. Las nucleares ya pagan unas tasas a la empresa pública Enresa, que gestiona sus desechos. Pero estas no son suficientes para cubrir en el futuro los costes de tratar y almacenarlos, según alertaba un informe del Tribunal de Cuentas de 2015. Ese mismo informe cuestionaba los nuevos impuestos que el Ejecutivo puso en marcha en 2012, al considerar que la fórmula elegida era "contradictoria" con un "modelo garantista", ya que, a diferencia de las tasas, no son finalistas y lo recaudado lo puede emplear el Estado para cualquier fin. También critican las compañías los impuestos adicionales que aplican algunas autonomías. "El Gobierno cederá si se mantiene bajo control el déficit de tarifa", vaticina Paco Castejón.

"Carece completamente de sentido ampliar la vida de las centrales"

Jorge Fabra (Madrid, 1949) fue presidente de Red Eléctrica de España. Actualmente, preside Economistas Frente a la Crisis.

Pregunta. ¿Es rentable el negocio nuclear en España?

Respuesta. El negocio nuclear en España, si seguimos la lógica de la regulación del sector, debe generar beneficios muy elevados.

P. ¿Soporta el nuclear una mayor carga impositiva que otros sectores de generación?

R. Soporta unas cargas que no son mayores que otros segmentos eléctricos. Pero no las soporta el sector nuclear, sino los consumidores. Porque el impuesto general sobre la producción que afecta a las centrales que marcan el precio —las de gas— acaba elevando los precios del mercado y, por lo tanto, subiendo la presión fiscal a la que está sometido el sector nuclear como otras tecnologías.

P. ¿El recibo de la luz subiría un 25% si se cerraran las nucleares?

R. No, esto no es cierto. Los consumidores no estamos pagando por las centrales nucleares el coste al que producen. Estamos pagando por la electricidad que producen las nucleares al mismo precio que las de ciclo combinado, que son las que marcan el precio de la electricidad en España. Sería lo mismo que tuviéramos un parque solo por centrales de ciclo combinado; tendríamos el mismo coste los consumidores. Nos cuesta lo mismo la hidroelectricidad, las nucleares, las de carbón y los ciclos combinados. Por el contrario, si la vida útil de las centrales no fuera prolongada sería sustituida con ventaja por las renovables. La fotovoltaica y la eólica han puesto de manifiesto una curva de aprendizaje, de reducción de costes, que hoy las hacen ya competitivas contra las alternativas térmicas.

P. ¿Tiene sentido ampliar la vida útil de las nucleares más allá de los 40 años?

R. Carece completamente de sentido. Ampliar la vida útil de las centrales 20 ó 30 años más implica aumentar de una manera tremenda, más del 50%, los residuos que ya tenemos y con los que estamos teniendo dificultades de gestión. Existen alternativas competitivas, incluso teniendo en cuenta el menor coste de inversión que implicaría la ampliación de la vida útil respecto a la construcción de una nueva. Está habiendo subastas de eólica y fotovoltaica en todo el mundo que se están resolviendo por debajo de los 40 y los 30 euros por megavatio hora. El hueco que podrían dejar las nucleares para la introducción de renovables a una mayor escala es fundamental para la transición energética y para ir hacia un modelo descarbonizado. Además, permitiría introducir elementos de cambio de modelo productivo en la economía española: tejido industrial, tejido empresarial, empleo de calidad. Las nucleares podrían ser sustituidas [con gran ventaja por renovables desde el punto de vista económico y de la calidad de nuestro modelo productivo.

P. ¿Los residuos se tienen en cuenta en el debate nuclear?

R. En la comunidad de expertos sí se tiene en cuenta. Los residuos son algo que está enterrado, que es pasivo, que tiene una cierta invisibilidad frente a la opinión pública. Y no está en el debate público y debería estar presente.

PIB de España por comunidades en 2016. Diario El Confidencial

Baleares y Madrid, las comunidades donde más crece el PIB; La Rioja, a la cola

El PIB per cápita de Madrid es el doble que el de Extremadura: 32.723 euros por persona frente a 16.369. Le sigue de cerca Andalucía, con una renta de 17.651 euros y un 26,4% por debajo de la media

30.03.2017 – 13:14 H.

Baleares fue la comunidad en la que más subió el PIB en 2016, un 3,8%, seis décimas más que la media nacional, mientras que La Rioja fue la autonomía menos dinámica, ya que su tasa de crecimiento se situó en el 1,5%. Según los datos de la Contabilidad Regional de España, publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), por detrás de Baleares estuvieron la Comunidad de Madrid (3,7%) y Canarias y Cataluña (ambas con el 3,5%).

Por encima de la media nacional, del 3,2%, también se colocaron Galicia (3,4%), y la Comunidad Valenciana y Castilla y León, ambas con el 3,3%, el mismo porcentaje que la ciudad autónoma de Ceuta. Las comunidades con menor crecimiento fueron La Rioja (1,5%), Asturias (1,9 %) y Extremadura (2 %). Junto a ellas, por debajo del promedio estatal estan Murcia, Castilla-La Mancha y Melilla, con el 3,1%; Navarra, con el 2,9%; País Vasco y Andalucía, las dos con el 2,8%; Aragón, con el 2,7%, y Cantabria, con el 2,3 %. Todas ellas, excepto La Rioja, superaron el crecimiento medio del PIB de los 28 países de la UE, que el año pasado se cifró en el 1,9%, igual que el de Asturias.

El INE achaca el mayor crecimiento en la tasa de variación del PIB en volumen registrado en Baleares tanto a una evolución de las ramas pertenecientes sector servicios, sensiblemente más favorable que la observada a nivel nacional, como a un mejor comportamiento del sector de la construcción. La menor variación real del PIB en La Rioja estuvo afectada, fundamentalmente, por el descenso en términos de volumen del valor añadido asociado a las ramas de actividad correspondientes a la industria manufacturera.

Así creció el PIB en las comunidades en 2016

Baleares 3,8 %
Madrid 3,7 %
Canarias 3,5 %
Cataluña 3,5 %alicia 3,4%
C.Valenciana 3,3%
Ceuta 3,3%
C. y León 3.3%
España3,3%
Melilla 3,2%
Murcia 3,1%
C-La Mancha 3,1%
Navarra 2,9%
País Vasco 2,8%
Andalucía 2,8%
Aragón 2,7%
Cantabria 2,3%
Extremadura 2%
Asturias 1,9%
La Rioja 1,5%

También informa el INE de los valores del PIB por habitante, un indicador en el que sobresale la Comunidad de Madrid con el mayor registro, de 32.723 euros por persona, un 36,5% superior a la media española, que fue de 23.970 euros. Así, el PIB per cápita de Madrid es prácticamente el doble que el de Extremadura.

País Vasco (31.805 euros), Navarra (29.807 euros), Cataluña (28.590 euros), Aragón (26.328), La Rioja (25.692 euros) y Baleares (24.870 euros) tienen asimismo un PIB per cápita por encima de la media nacional. El resto está por debajo de la media nacional, con Extremadura como la comunidad con el menor PIB por habitante, con 16.369 euros, un 31,7% inferior al promedio nacional, y Andalucía (17.651 euros y un 26,4 por debajo de la media) y la ciudad autónoma de Melilla (17.686 euros y un 26,2% inferior a la media)

El uso del agua en España. Diario El País

Agua para una economía cada vez más sedienta

El cambio climático obliga a replantearse el uso del recurso en una España históricamente seca

Un payés regando un terreno en Viladecavalls (Barcelona). Cristóbal Castro

Thiago Ferrer Morini

2 ABR 2017 - 00:00 CEST

Si el agua es dinero, España nunca ha sido un país rico; es más, es cada vez más pobre, debido al cambio climático. Los datos del Centro de Estudios y de Experimentación en Obras Públicas (CEDEX) estiman una reducción de la capacidad de recarga de los acuíferos españoles (es decir, cuánto la lluvia es capaz de reponer el agua que se retira de ellos) de un 8% hasta 2040 y hasta un 27% hasta 2100. El estrés hídrico (el cociente entre los recursos utilizados y el total disponible a largo plazo) es uno de los mayores de la Unión Europea, solo por detrás de pequeñas naciones insulares como Chipre y Malta.

El problema no solo es medioambiental. España genera la mayor parte de su producto interior bruto en regiones históricamente secas, especialmente en el litoral mediterráneo y las islas. "El crecimiento económico es un negocio sorprendentemente sediento", explicaba un reciente informe del Banco Mundial sobre el futuro de la economía del agua, que estimaba que en determinadas regiones del planeta la falta del líquido sobre la economía puede tener un impacto sobre el crecimiento equivalente a un 6% del PIB. El cambio climático y sus potenciales efectos sobre los ciclos del agua en todo el globo no han hecho sino acelerar esa preocupación.
En 2007, un estudio del Ministerio de Medio Ambiente estimaba que cada metro cúbico de agua que se entregaba a los sectores económicos españoles aportaba 27,50 euros de valor añadido. En 2015, los negocios que más recurren al líquido elemento representaron un 22,7% del PIB y más de un tercio de las exportaciones. En la última Encuesta de Población Activa, uno de cada cinco españoles ocupados lo estaba en un sector intensivo en agua.
Según Carlos Mario Gómez, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) y coautor del estudio de 2007, la propia legislación europea de aguas tuvo que adaptarse a las circunstancias españolas. "Estaba hecha en función de las demandas del norte de Europa, donde los problemas son de calidad", recuerda. "Los problemas de sequía se incluyeron más tarde". Esa legislación, la Directiva Marco del Agua, fue aprobada en 2000 y sus efectos se extenderán alrededor de otros diez años más.

Lo siguiente es saber quién y cómo va a pagar por ello. La directiva ha impulsado un polémico modelo basado en que los usuarios han de cubrir los costes ambientales, de captación y depuración del agua, basado en el principio de "quien contamina paga". El problema en España, según los expertos, es que el país ya tiene las infraestructuras hídricas necesarias para cumplir con muchos de los objetivos de la directiva, pero no lo hace por no cargar a los consumidores con los costes, tal y como obliga Bruselas. "España podría recoger el 99% de las aguas residuales y dar tratamiento al 82%", calcula Gonzalo de la Cámara, coordinador de Economía del Agua de IMDEA y director académico del Foro de la Economía del Agua. "En la práctica, solo se hace con uno de cada tres metros cúbicos. Todo esto ya nos está suponiendo sanciones". En 2015, la Comisión Europea demandó a España por no cumplir la directiva de depuración en siete puntos "sensibles": cinco en Cataluña, uno en Andalucía y otro en Galicia.

La dificultad de definir precios

¿Cuánto cuesta un metro cúbico de agua en España?. La respuesta más obvia sería los 1,89 euros que registra el INE en su última encuesta, pero esa estadística no solo es para usos domésticos, sino que ya registra la espectacular diferencia entre comunidades autónomas: entre los 95 céntimos por mil litros de Castilla y León y los 2,75 euros de Cataluña. Ese dato, además, no registra la colcha de retales del precio del recurso para el regadío, que fluctúa respecto a la cuenca, la época del año y, sobre todo, las formas de venta. Estas fluctuaciones no son sino un reflejo de las diferentes formas de propiedad y organización de la industria del agua en España, que va de grandes multinacionales —tanto españolas (como el Canal de Isabel II en Madrid) como extranjeras— hasta pequeñas mancomunidades de aguas, ayuntamientos y pymes. El sector del agua da trabajo a algo más de 60.000 personas y representa un 0,45% del PIB.

Atrasos considerables

No solo hay atraso en la depuración. "Las desaladoras del Mediterráneo se están utilizando a una capacidad promedio del 17%, suficiente para que la UE pueda pedirnos devolver los fondos usados para construirlas", recuerda De la Cámara. "Lo mismo pasa con el trasvase Tajo-Segura, que opera normalmente al 35% de su capacidad". "Una de nuestras polémicas con Europa es el bajo nivel de recuperación de costes", considera Gómez. "No solo subsidiamos mucho el agua, sino que además no incluimos en la tarifa ni el coste de oportunidad de la escasez ni los costes ambientales. Solo recuperamos los costes pasados, y no tenemos cómo financiar las obras hídricas del futuro".
"Seguimos gestionando el agua como si el futuro fuera previsible", afirma Gómez. "La política está pensada para un tiempo en que se pensaba que una contención podía ser un freno para el desarrollo económico. Y ha tenido tanto éxito que ahora ese cambio de ciclo es institucionalmente muy difícil". "Tenemos montado un modelo de desarrollo muy dependiente de los recursos naturales", considera Eva Hernández, directora del programa de agua de WWF. "Es un modelo de acceso infinito, diseñado pensando que el agua no va a faltar nunca, por lo que es difícil concienciar. Tienen que llegar las situaciones de crisis para que tomemos medidas". Soluciones que suelen tener un gran coste económico y que hasta ahora se han podido financiar con fondos propios o europeos. "Hemos tenido mucha suerte de que lo más agudo de la crisis económica no haya coincidido con una sequía", complementa Gómez.
"Gestionar el agua es gestionar riesgos", considera De la Cámara. "Hay regiones donde se recupera solo un 30% de los costes del agua para la agricultura. Hay que ver cuánto del gasto se le traslada al usuario vía tarifa, cuánto vía impuestos, cuánto al sector privado y cuánto al sector financiero".
Porque hablamos de grandes inversiones. "El coste de la modernización de los regadíos que queda por hacer está entre 6.000 y 12.000 millones de euros", señala Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore). "Hacen falta inversiones muy importantes para ponernos al día en la calidad del agua", apunta De la Cámara. "El Ministerio [de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente] dice que son 2.900 millones". Fernando Argüello, director general del Foro de la Ingeniería de Excelencia (FIDEX), es más pesimista: "Poner la depuración de aguas a nivel de la directiva europea implicaría una inversión de más de 5.000 millones de euros en más de 200 instalaciones".

El desafío del sector turístico

España tiene 47 millones de habitantes, pero en 2016 llegaron 75 millones de turistas, que beben, se duchan y (muchos) van a la piscina."En la práctica, un turista consume entre tres y cuatro veces más agua que un habitante de la zona", considera Gonzalo de la Cámara, de IMDEA. "Hay que tener en cuenta que los turistas vienen sobre todo en verano, un pico de demanda en un valle de disponibilidad". Los últimos años, además, han visto la llegada de un factor adicional:"En el sector hotelero la tendencia es ofrecer cada vez más servicios de valor añadido a su cliente, en los que el agua es un elemento imprescindible, como balnearios o piscinas", señala Coralía Pino, responsable del área de Sostenibilidad y Eficiencia Energética del Instituto Tecnológico Hotelero.
Al sector le azuza el problema de imagen que supondría el no tener agua que ofrecer a los clientes, especialmente en las islas, donde el estrés hídrico es mucho mayor. Ibiza, por ejemplo, tiene problemas endémicos con la depuración de aguas. "Es un coste sobre el medio ambiente que acaba pagando toda la ciudadanía", indica De la Cámara.
"Los cartelitos de los hoteles que piden reutilizar las toallas están bien, pero hay que hacer algo más", considera Eva Hernández, de WWF. "El sector turístico, por su propia supervivencia, debería hacer un esfuerzo para convencer al visitante de que este no es un país con agua de sobra". "Cada vez es menos habitual encontrar establecimientos que no hayan instalado sistemas para reducir el uso de agua, como grifos inteligentes y perlizadores en las duchas", responde Pino, pero advierte:"El hotelero no puede repercutir a su cliente el coste correspondiente a las mejoras necesarias para garantizar el suministro de agua. Esto no permitiría ni al hotel, ni al destino en sí mismo, ser competitivo frente a otros destinos y establecimientos turísticos".

"Hablamos muchísimo de la sobreexplotación. Pero si el agua desalada le cuesta al agricultor un euro el metro cúbico y la puede sacar del acuífero por 25 céntimos, ¿qué va a hacer?", señala De la Cámara. "Tenemos la capacidad de producir el agua pero seguimos sacando 460 hectómetros cúbicos de los acuíferos todos los años", apunta. "Somos expertos en construir obra pública, pero no en operarla". Pero para Argüello, no va a ser tan sencillo. "La teoría de que todo está hecho es bastante falsa", considera. "Las exigencias medioambientales crecen a una velocidad bastante mayor que las de otros ámbitos".
Por supuesto, el estrés hídrico no es igual en todas las cuencas. Según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA, en sus siglas en inglés), en el verano del 2014 la captación de agua en el alto Júcar y el Cabriel superó el 80% de los recursos disponibles totales para el periodo. De hecho, según la propia EEA, de las 10 cuencas europeas que más agua sacaron en relación al total disponible, siete están en España y ocho en la península Ibérica.
Según la estadística del uso del agua del INE (que mide el balance entre el agua que se extrae del medio ambiente y que se devuelve) la inmensa mayoría del líquido elemento que se utiliza en España (un 82,1% en 2010) va a la agricultura y a la ganadería. "Hay que reflexionar lo que supone tener una agricultura intensiva e internacionalizada en la zona de mayor estrés hídrico de la Unión Europea", apunta De la Cámara.

Agua dulce

En 2012, último año del que Eurostat tiene cifras, España retiró de todas sus fuentes de agua dulce 37.349 millones de metros cúbicos, una cifra similar a las registradas anualmente las dos décadas anteriores. "En términos agregados, España consume básicamente el mismo agua", confirma De la Cámara. "Los diferentes usos se han ido reduciendo; en ciertos casos, como en los hogares, de forma radical".
Para Del Campo, su sector está cumpliendo a la hora de prepararse para un futuro con menos agua. "Se ha hecho un esfuerzo importantísimo para modernizar y hacer más eficiente el uso del agua en la agricultura española", considera. "Hemos pasado a ser el primer país por superficie con riego localizado y el segundo por porcentaje (después de Israel). De más de la mitad de los riegos por superficie, hemos pasado a menos de 27%". El resultado es una eficiencia casi sin parangón: "El regadío ocupa el 15% de la superficie agraria útil y representa un 60% de la producción final", considera Del Campo. "Para comparar, a nivel mundial la proporción es de un 20% de superficie regada con un 40-45% de la producción".
Para los expertos, esos datos excelentes traen consigo su propio peligro; la paradoja que definió el economista británico William Stanley Jevons hace más de 150 años y que lleva su nombre. "La mejora de la eficiencia al utilizar un bien aumenta su escasez porque aumenta la demanda", explica Gómez. Es, precisamente, lo que ha pasado con el agua en la agricultura. "Hasta ahora, el conseguir mayor productividad ha servido más para mejorar la viabilidad económica de los cultivos que para ahorrar agua", indica. "La cuenca del Segura puede ser todo lo productiva que haga falta, pero sigue sacando más agua de lo que es sostenible". "La eficiencia es deseable, pero en un contexto de sostenibilidad económica, social y ambiental", considera Hernández.
Del Campo coincide con esa evaluación de las prioridades del sector. Y las justifica: "Organismos como la OCDE y la FAO nos dicen que tenemos que aumentar más de un 40% la producción de alimentos antes de 2030, y más de un 70% antes de 2050", considera. "Hay un axioma: cada día tenemos menos agua y menos tierra por cada uno de nosotros, y tenemos que producir más utilizando el máximo de tecnología".

Las hidroeléctricas se declaran preparadas

Con 39.053 gigavatios hora de energía aportada al sistema en 2016 (según los datos provisionales de Red Eléctrica de España) la energía hidroeléctrica fue el año pasado la tercera más importante en el 'mix' eléctrico después de la nuclear y la eólica y sigue siendo fundamental para el sistema eléctrico español, tanto por su práctica ausencia de emisiones de gases de efecto invernadero como, sobre todo, por tener una disponibilidad que no tienen otras energías renovables.
Esto se sostiene en una red de embalses, la mayoría de ellos de más de 30 años. "Con un régimen ya de por si irregular de pluviosidad, tenemos una ratio de presa por superficie más elevada", explica Javier Palacios, director de Generación Hidráulica de Iberdrola. "Aquí guardamos agua para los momentos de escasez".
Agua que queda almacenada y no tiene otros usos, lo que puede suponer un problema, especialmente en las centrales de bombeo, que mueven agua utilizando energía externa durante las horas valle para poder generar electricidad en horas punta. "Hoy en día, son el único almacenamiento masivo de energía que conocemos", afirma Palacios. "Nuestra visión es que se pueden compatibilizar los distintos usos", afirma Isidro Pescador, responsable de Hidráulicas de Enel Green Power España. "Una solución de compromiso es sentarnos con los diferentes usuarios del agua". El sector, sin embargo, se encuentra seguro de su capacidad de adaptarse a un futuro más seco. "Estamos bastante bien situados para defendernos de una irregularidad hídrica", señala Palacios. "Hacemos inversiones continuamente para ser más eficientes". "Gastamos 50 millones de euros para cumplir con las normativas y seguir mejorando la eficiencia", complementa Pescador.

El 'mix' energético

En ese mix, las energías renovables tendrán un papel esencial. "Hay que conseguir la máxima eficiencia en el binomio agua y energía", señala Del Campo. Respecto a los recursos necesarios para esa expansión, el presidente de la federación de regantes es optimista en tanto en cuanto los precios agrícolas resistan, especialmente en lo que respecta a los grandes cultivos comerciales mediterráneos. "Se acabará utilizando agua desalada y aguas de las ciudades".
El sector presume de buenos datos de eficiencia, pero para Maite Aldaya, consultora para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), las cifras tienen algo de trampa. "Lo que hace España para decir que son sostenibles se basa solo en el uso del agua dentro del país", explica, y pone un ejemplo: "Tenemos una industria cárnica de mucho valor añadido, pero los cereales que utiliza para alimentar al ganado vienen de países como Brasil o Estados Unidos, donde el déficit hídrico es menor".
Después de los hogares, la tercera en importancia en el uso del agua es la industria; pero este gasto, en términos de balance de flujo de agua, es solo de un 2,25%. "La industria tiene ciclos cerrados para gastar menos", apunta Aldaya. "Eso en la agricultura no se puede hacer". "Son lo que se llaman usos no consuntivos", complementa De la Cámara. "El agua para la industria y energía se acumula pero no se consume". En todo caso, la experiencia de las factorías españolas en la gestión del líquido elemento lo convierte en destino de campo de pruebas ideal: por ejemplo, la multinacional química estadounidense Dow ha instalado en España su centro de tecnología de agua mundial, con una inversión de 20 millones de euros y 50 empleos.
La industria de la alimentación, bebidas y tabaco es el líder en consumo de agua, por razones evidentes: rara es la receta que no la incluya en alguna de sus fases. Le sigue en importancia el del papel y cartón. En los años sesenta del siglo pasado la cantidad de agua utilizada por este último sector era del orden de 120 metros cúbicos por tonelada de papel producido. Hoy, la cifra ronda los cinco metros cúbicos. Nueve de cada diez litros que utiliza el sector vuelven al medio ambiente; según la patronal Aspapel, el 95% de esa cantidad regresa depurada.
Aspapel también afirma que el sector ha reducido su consumo de agua un 32% en los últimos 15 años al tiempo que incrementaba su producción un 20%. Y, según Carmen Sánchez-Carpintero, directora de Medio Ambiente y Energía de la patronal, la tecnología actual da aún más margen. "Hay que tener en cuenta que muchas de las normativas de emisiones se miden por la concentración", explica. "Así que no podemos ahorrar más agua sin emitir más contaminantes".

Impacto químico

La química es otra industria que recoge mucha agua del entorno. "Somos eficientes en el uso del agua por la cuenta que nos trae", considera Niurka Sancho, directora de desarrollo e innovación de Cepsa. "Cualquiera que quiera estar a largo plazo en este negocio tiene que tener grabado a fuego el tema de la eficiencia". "Hemos reducido el consumo de agua un 10% en los últimos cuatro años, dentro de nuestra estrategia de cuidado responsable del medio ambiente", considera Antón Valero, presidente de la patronal química Feique. "En Tarragona hemos construido algo que creo que es un ejemplo a nivel mundial: una planta de tratamiento terciario que permite reutilizar agua de los afluentes urbanos en el polo petroquímico".
El sector del automóvil necesita agua de primera calidad (depurada y acondicionada en fábrica) sobre todo para los procesos de pintado, que se hacen con el líquido como aglutinante. La multinacional Suez (cuando aún se llamaba Aqualogy) asesoró en el diseño de un plan para reducir un 25% el consumo de agua en una gran fábrica de automóviles en la provincia de Barcelona hasta 2018. Con el objetivo casi cumplido, aún colaboran para llevar a cabo la siguiente meta, la de elevar esa reducción hasta un 50% en 2025. Pero para una de las responsables del proyecto, el principal impulso no es económico: "En algunos casos, resulta más caro instalar y operar un equipo de recuperación que sacar el agua de la red", explica.