España pagará hasta el año 2022 multas millonarias por depurar mal sus aguas
La sanción impuesta por el Tribunal de Justicia Europeo se prolongará cada semestre hasta que todas las depuradoras cumplan con la directiva. La última será la de Barbate, que no entrará en funcionamiento hasta, al menos, 2022.
Al menos durante los próximos cuatro años, hasta 2022, España deberá hacer frente a las multas millonarias que el Tribunal de Justicia Europeo impuso a nuestro país por la mala depuración de las aguas residuales en varias localidades del territorio nacional. Según ha informado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la Comisión de Transición Ecológica de este martes en el Congreso, esa es la fecha en la que está previsto que entre en funcionamiento la última de las depuradoras sancionadas, la de Barbate (Cádiz), y que pondría fin a la sanción dictada por el TJE el pasado julio.
Tras años de incumplimiento y de retraso en los plazos de adaptación a la directiva comunitaria sobre depuración de aguas residuales urbanas, el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España este verano a pagar una multa de 12 millones de euros por 17 núcleos urbanos que debían haber corregido sus sistemas de depuración en 2013 y no lo hicieron. Pero además, y p.apara garantizar que se acometerían las correcciones, el Tribunal impuso otra multa de casi 11 millones de euros más por cada semestre que, en adelante, siguieran sin cumplir.
Aunque 8 de las 17 depuradoras sancionadas ya funcionan correctamente, el resto —7 de ellas en Andalucía, una en Asturias y otra en Canarias— deben ponerse aún al día, en una carrera contra reloj en la que el contador de multas seguirá corriendo hasta que todas cumplan con la directiva europea. No obstante, la cuantía de la sanción semestral irá disminuyendo a medida que vayan entrando en funcionamie
nto y pasen un periodo de prueba de al menos tres meses para garantizar la calidad de las aguas.
Según el calendario que el Gobierno presentó a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea en octubre, y del que Morán ha informado hoy en el Congreso, se prevé que en 2019 o “a más tardar en el primer trimestre de 2020” estén acabados los proyectos en las depuradoras de Nerja, Alhaurín el Grande, Coín, Isla Cristina y Gijón este; mientras que en 2020 entrarán en funcionamiento las de Matalascañas y Valle de Güimar. Sin embargo, la de Barbate, que aún está en trámites de licitación, no podrá funcionar hasta 2022, alargando el proceso dos años más. Tarifa, la noven
a aglomeración urbana sancionada, ya tiene depuradora, aunque las muestras obtenidas no cumplen con los estándares de la directiva.
“Además del perjuicio para el medio ambiente y las finanzas públicas, estas sanciones erosionan de forma notable la credibilidad del reino de España en sus compromisos adquiridos en la Directiva Marco del Agua, lo que dificulta la capacidad de coordinación con los organismos europeos, aparte de que restan recursos que deberían destinarse a la mejora de la calidad de las aguas y representan una amenaza de sanciones mayores y pérdida de acceso a posibles fuentes de financiación”, ha aseverado Morán.
El Estado ya ha adelantado el pago de los 12 primeros millones de euros —ha informado el secretario de Estado— aunque se está preparando un acuerdo que se llevará a Consejo de Ministros para el reparto entre las diferentes administraciones con responsabilidad en las infracciones, que se reparte, según los casos, entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y las administraciones locales.
De las 9 depuradoras sancionadas, al menos cuatro (Nerja, Matalascañas, Barbate y Gijón este) fueron declaradas de interés general, por lo que la financiación de sus reparaciones depende del Estado. El resto son competencia autonómica.
Además de esta sanción, que afecta a municipios o aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes, España se enfrenta en la UE a otros cuatro procedimientos de infracción en materia de saneamiento y depuración de aguas: uno por 4 aglomeraciones sensibles con una población de 10.000 habitantes que vierten en lugares en los que se requiere un mayor control de la contaminación; otro que afecta a 600 aglomeraciones de entre 2.000 y 10.000 habitantes y otras dos que suman más de 300 aglomeraciones de distinto tamaño.
Al menos durante los próximos cuatro años, hasta 2022, España deberá hacer frente a las multas millonarias que el Tribunal de Justicia Europeo impuso a nuestro país por la mala depuración de las aguas residuales en varias localidades del territorio nacional. Según ha informado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la Comisión de Transición Ecológica de este martes en el Congreso, esa es la fecha en la que está previsto que entre en funcionamiento la última de las depuradoras sancionadas, la de Barbate (Cádiz), y que pondría fin a la sanción dictada por el TJE el pasado julio.
Tras años de incumplimiento y de retraso en los plazos de adaptación a la directiva comunitaria sobre depuración de aguas residuales urbanas, el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España este verano a pagar una multa de 12 millones de euros por 17 núcleos urbanos que debían haber corregido sus sistemas de depuración en 2013 y no lo hicieron. Pero además, y p.apara garantizar que se acometerían las correcciones, el Tribunal impuso otra multa de casi 11 millones de euros más por cada semestre que, en adelante, siguieran sin cumplir.
Aunque 8 de las 17 depuradoras sancionadas ya funcionan correctamente, el resto —7 de ellas en Andalucía, una en Asturias y otra en Canarias— deben ponerse aún al día, en una carrera contra reloj en la que el contador de multas seguirá corriendo hasta que todas cumplan con la directiva europea. No obstante, la cuantía de la sanción semestral irá disminuyendo a medida que vayan entrando en funcionamie
nto y pasen un periodo de prueba de al menos tres meses para garantizar la calidad de las aguas.
Según el calendario que el Gobierno presentó a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea en octubre, y del que Morán ha informado hoy en el Congreso, se prevé que en 2019 o “a más tardar en el primer trimestre de 2020” estén acabados los proyectos en las depuradoras de Nerja, Alhaurín el Grande, Coín, Isla Cristina y Gijón este; mientras que en 2020 entrarán en funcionamiento las de Matalascañas y Valle de Güimar. Sin embargo, la de Barbate, que aún está en trámites de licitación, no podrá funcionar hasta 2022, alargando el proceso dos años más. Tarifa, la noven
a aglomeración urbana sancionada, ya tiene depuradora, aunque las muestras obtenidas no cumplen con los estándares de la directiva.
“Además del perjuicio para el medio ambiente y las finanzas públicas, estas sanciones erosionan de forma notable la credibilidad del reino de España en sus compromisos adquiridos en la Directiva Marco del Agua, lo que dificulta la capacidad de coordinación con los organismos europeos, aparte de que restan recursos que deberían destinarse a la mejora de la calidad de las aguas y representan una amenaza de sanciones mayores y pérdida de acceso a posibles fuentes de financiación”, ha aseverado Morán.
El Estado ya ha adelantado el pago de los 12 primeros millones de euros —ha informado el secretario de Estado— aunque se está preparando un acuerdo que se llevará a Consejo de Ministros para el reparto entre las diferentes administraciones con responsabilidad en las infracciones, que se reparte, según los casos, entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y las administraciones locales.
De las 9 depuradoras sancionadas, al menos cuatro (Nerja, Matalascañas, Barbate y Gijón este) fueron declaradas de interés general, por lo que la financiación de sus reparaciones depende del Estado. El resto son competencia autonómica.
Además de esta sanción, que afecta a municipios o aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes, España se enfrenta en la UE a otros cuatro procedimientos de infracción en materia de saneamiento y depuración de aguas: uno por 4 aglomeraciones sensibles con una población de 10.000 habitantes que vierten en lugares en los que se requiere un mayor control de la contaminación; otro que afecta a 600 aglomeraciones de entre 2.000 y 10.000 habitantes y otras dos que suman más de 300 aglomeraciones de distinto tamaño.
Vertido de aguas residuales al mar Greenpeace denuncia que todas las provincias costeras españolas siguen vertiendo aguas residuales
al mar
La ONG ha incidido en que España seguirá pagando "multas millonarias" hasta 2022 por este tipo de acciones que suponen un riesgo para la salud de la población y de los ecosistemas.
Greenpeace ha denunciado este jueves que al menos 80 municipios de "todas" las provincias costeras españolas siguen vertiendo aguas residuales a pesar de que se ha cumplido el primer plazo de la multa de 12 millones impuesta hace seis meses por la Unión Europea a España por incumplir la normativa de depurar aguas residuales. "Los municipios sancionados aún no se han puesto al día", asegura la ONG que señala que España seguirá pagando "multas millonarias" hasta 2022
. La ONG ha contabilizado al menos 90 impactos por vertidos de aguas residuales en 80 municipios (el 20% del total) de las 23 provincias costeras y lamenta que estos vertidos son "generalizados" en todo el litoral español.
Además, recuerda que suponen un riesgo para la salud de la población y de los ecosistemas ya que la ausencia de depuradoras, la sobrepoblación en verano, las fugas en los sistemas de conducción de aguas fecales o los vertidos no autorizados están detrás de la deficiente depuración de las aguas residuales. La UE ha sancionado a España por nueve localidades, Matalascañas,
Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Nerja y Barbate -en Andalucía-, Gijón Este -en Asturias- y Valle de Güímar -en Canarias-. El Ministerio para la Transición Ecológica ha reconocido que, aproximadamente, una cuarta parte de los municipios de 2.000 habitantes no cumplen la normativa europea.
La responsable de la campaña de costas de Greenpeace, Paloma Nuche, ha destacado que tanto por motivos de salud pública como de protección del medio ambiente, la calidad del agua debería ser el objetivo fundamental de su gestión. "España está aún lejos de conseguirlo. De hecho, en muchos casos se ha revelado la pasividad de las administraciones responsables durante años, como ha ocurrido con los vertidos del Valle del Güímar, en Tenerife, o los de Mallorca", ha apostillado.
El último Informe de Vertidos Autorizados del Ministerio, de 2017, contabiliza un total de 1.030 puntos de vertidos autorizados desde la tierra al mar en toda la costa española, que suponen más de 17.000 millones de metros cúbicos al año (el equivalente a 6.800 piscinas olímpicas). Sin embargo, el número de vertidos no autorizados puede representar un elevado porcentaje respecto al total, como ocurre en Canarias, donde, de los 393 puntos de vertidos desde la tierra al mar, 277 no están autorizados, casi un 70 por ciento del total.
En concreto, la ONG destaca que entre los vertidos de aguas residuales urbanas contabilizados por Greenpeace destaca los casos de las provincias de Islas Baleares, Huelva y Pontevedra y exige a las administraciones responsables que tomen decisiones ambiciosas y efectivas.
"Es necesario un riguroso cumplimiento de la normativa europea y unos sistemas de gestión de vertidos centrados en acabar con la contaminación del medio marino. Para ello, es imprescindible una mayor inversión en infraestructura que asegure una depuración efectiva y una ordenación del litoral que controle la masificación urbanística y ponga límite a nuevas fuentes de vertidos al mar", ha concluido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario