Estos son los 29 puntos negros por los que España es líder de la UE en infracciones ambientales 

El pasado jueves, dos de los procesos acabaron en denuncia de la Comisión ante el Tribunal Europeo: el robo de agua en Doñana y la falta de planes ante inundaciones en Canarias

2018 se cerró con 32 expedientes. Tres han decaído. Abarcan legislación estatal, planes hidrológicos, residuos autonómicos o vertederos y depuradoras de aguas

Los casos se abren contra el Estado aunque la administración responsable puede ser el Gobierno central, las comunidades autónomas o los municipios

Raúl Rejón

26/01/2019 - 20:56h

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Vertido incontrolado en la Bahía de Palma (Mallorca Blue).

España es el estado de la Unión Europea con más expedientes abiertos por incumplimientos de la normativa ambiental. Cerró 2018 con 32 casos vivos aunque en lo que va de 2019, la Comisión Europea ha sacado tres procesos de la lista oficial al tiempo que ha culminado otros dos denunciando a España ante el Tribunal de Justicia:  el deterioro del Parque Nacional de Doñana y la falta de planes ante posibles inundaciones en las Islas Canarias.

Los expedientes se abren al Estado español, pero la administración responsable puede ser el Gobierno, las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Los casos abarcan legislación estatal, planes hidrológicos o de residuos autonómicos o vertederos y depuradoras de aguas concretas gestionados por municipios. 

Los nuevos

Contaminación del agua por nitratos. La CE ha  reprochado la falta de control sobre los vertidos que provienen, sobre todo, de la ganadería intensiva de porcino. En noviembre, el Ministerio de Agricultura lanzó un decreto para regular este sector. Las comunidades autónomas son las encargadas de autorizar y ordenar estas instalaciones. El expediente está en la primera fase de avisos.

Regulación sobre animales usados para investigación. Una competencia estatal cuya normativa europea España había adaptado mal. Bruselas apercibió al Gobierno en julio y en el último trimestre de 2018 sacó un decreto para, en sus palabras, solventar el asunto. Es uno de los casos con más visos de cerrarse sin mayores reproches.

Planes de inundación en Canarias. Un expediente que ha ido muy rápido para los estándares europeos. El caso es achacable al Gobierno de Canarias, que no había redactado sus planes ante posibles avenidas de agua torrencial. El plazo expiró en marzo de 2016.  Las inundaciones son el fenómeno natural más mortífero en España y el cambio climático multiplica y agudiza estos episodios. En marzo de 2018 se recibió el primer aviso y en julio, el segundo. En agosto, Canarias publicó un Plan Especial por Riesgo de Inundaciones, pero la Comisión ha denunciado a España ante los jueces el 24 de enero. 

Vertederos. La normativa sobre la gestión de residuos ha supuesto un quebradero de cabeza continuado para España. Los ayuntamientos o mancomunidades responsables han fallado repetidamente a la hora de aplicar la ley. "Aunque ha habido avances", según dice la Comisión, de los 61 vertederos por los que España recibió un fallo judicial en contra, todavía 22 de ellos no cumplían: 19 en las Islas Canarias, uno en Andalucía y dos en Murcia, informaba el expediente. Así que el año pasado comenzó un nuevo proceso. 

Los que han avanzado

Caza de pájaros cantores. Europa avisó en mayo pasado de que estaba a un paso de denunciar a España si las comunidades autónomas no terminaban de manera inequívoca con el apresamiento masivo de pájaros cantores silvestres. Una práctica, llamada silvestrismo, que permitió la caza de 1,7 millones de aves como el pinzón vulgar, el verderón común, el serín canario o el jilguero lúgano entre 2013 y 2015. En diciembre, la CE envió una carta al Gobierno y las 17 comunidades para pedir que se dieran garantías de que las autorizaciones habían acabado definitivamente, según denuncio SEO-Birdlife. También indicaba que la Comunidad de Madrid no había remitido un informe sobre sus medidas. 

Retraso de los planes de cuenca para adaptar la directiva de Aguas. De nuevo las Islas Canarias llevaban un retraso más que considerable a la hora de elaborar estos planes hidrológicos en su territorio y Bruselas explicó que llevaba el expediente a los tribunales. El Ejecutivo autonómico publicó en batería los planes de Tenerife, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote a lo largo de diciembre de 2018. El de La Gomera se aprobó en octubre. El de Gran Canaria se espera "para las primeras semanas de 2019".

Revisión de la normativa de Evaluación de Impacto Ambiental. España no se había adaptado completamente la normativa comunitaria de 2015 sobre las evaluaciones de impacto ambiental en sus leyes estatales. La Comisión avisó en julio de 2017 y, sin obtener respuesta satisfactoria, pasó a la segunda fase en mayo de 2018. La nueva ley entró en el Congreso en marzo y consiguió publicarse aprobada en diciembre del año pasado.

Planes autonómicos de gestión de residuos. Las comunidades autónomas de Aragón, Islas Baleares, Canarias y Madrid más las ciudades de Ceuta y Melilla no redactaron planes de gestión de residuos y la Comisión anunció en junio que llevaba el caso a la Corte.

Los mapas de ruido. Una competencia compartida por grandes ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Ministerio de Fomento para elaborar mapas estratégicos con los que abordar el exceso de ruido. No se han completado y ha sido motivo de un dictamen motivado de apercibimiento en julio pasado.

Sellado y regeneración de basureros municipales. Al menos 1.513 vertederos municipales de basuras en España deben ser clausurados, sellados y regenerados de acuerdo con la ley ambiental. "Debido al fallo sistemático y prolongado para cumplir con la norma", ha justificado Bruselas, se remitió a España un dictamen previo a llevar el caso a los tribunales.

Acumulación de residuos mineros. En enero de 2018, la Comisión Europea dio un paso más en el expediente sancionador por la acumulación de residuos salinos dañinos por la actividad minera de Iberpotash en el Bages (Barcelona). La Generalitat de Catalunya amplió en junio de 2018 la prórroga para que la empresa siga operando hasta junio de 2019. El Tribunal Supremo hizo firme en 2015 una sentencia que declaró insostenibles estas minas. Los magistrados del Tribunal Superior de Catalunya concedieron una moratoria a Iberpotash para seguir trabajando en la zona.

Casos emblemáticos

Parque Nacional de Doñana. El expediente estaba pendiente de resolución desde 2016. El 24 de enero de 2019, Bruselas decidió que las medidas presentadas por España, el plan de regadíos autonómico o la adquisición de fincas por parte del Gobierno central, no solventaban el problema. Los jueces decidirán sobre las responsabilidades del expolio del agua que nutre el humedal más importante de Europa.

Contaminación de aire en Madrid o Barcelona. El caso sobre el exceso de contaminación en ciudades como Madrid o Barcelona sigue abierto. Los niveles de dióxido de nitrógeno superan los límites legales de la norma de calidad ambiental europea desde 2010. La Comisión se mantiene a la expectativa tras la puesta en marcha de planes específicos para intentar atajar la polución como la zona de bajas emisiones estrenada a finales de noviembre de 2018 denominada Madrid Central. Hasta que se compruebe la efectividad de estos planes, Bruselas no ha avanzado en el proceso de sanción a España.

Sentencia con multa viva cada seis meses. La mala depuración de aguas residuales en varios municipios propició una sentencia europea contra España. La falta de tratamiento adecuado se dio en Alhaurín el Grande, Barbate, Coín, Isla Cristina, Nerja, Matalascañas, Tarifa (Andalucía), Gijón Este (Asturias) y Valle de Güimar (Islas Canarias). Las otras denunciadas eran Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira y Vigo, en Galicia. En la Comunidad Valenciana: Benicarló, Peñíscola y Teulada-Moraira. Y en Canarias, Noreste (Valle Guerra). Todo ello hizo que los magistrados impusieran una multa de 12 millones de euros más otros 11 cada seis meses mientras se mantengan las infracciones. El tribunal reconoció los esfuerzos por ponerse al día, pero nada más. El pago de la multa –aunque se vaya aminorando proporcionalmente según vayan regularizándose las depuradoras– se alargará, al menos, hasta 2020, de acuerdo con el plan trazado por el Gobierno para que cumplan los ayuntamientos.